Es la misma tentación de siempre, son los mismos argumentos de siempre, en fin, los mismos de siempre, que buscan darse el gustico de obligar a la prensa a decir lo que ellos quieren, como y cuando a ellos les parece. Si es que les parece.
De ordinario, es una tendencia que renace por tiempos en los órganos de la Justicia. Solo que en esta oportunidad es nada menos que la Corte Suprema, la misma de unos magistrados ultracorruptos y de los otros, ciegos, sordos y mudos, la interesada en subyugar a la prensa.
Desde luego, la Corte perderá su esfuerzo, pues los medios consideramos que la libertad de expresión, garantizada en la Constitución, está segura. La democracia deja de existir cuando muere esa libertad, y estamos seguros de que Colombia desea con fervor seguir viviendo en democracia.
Pero molesta, y mucho, que un organismo en el que se han evidenciado varios casos de corrupción, pero con poder, pretenda que los medios revelen algo que es sagrado: sus fuentes de información, en defensa de los cuales muchos periodistas en el mundo han preferido ir a la cárcel que ceder.
En un fallo reciente, la Corte respaldó una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que le ordena a Semana revelar las comunicaciones con sus fuentes en torno de un caso de hace cinco años en el que la exviceministra de Aguas Leyla Rojas se sintió perjudicada.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia pone en cuestión el principio de inviolabilidad del secreto profesional, sin el cual de nada valdría ser ni periodista ni cura ni abogado ni médico ni nada. ¿Para qué, si no se podría tener nada en reserva?
La orden obliga a Semana a mostrar las pruebas de lo afirmado en la historia, como por ejemplo las comunicaciones electrónicas del periodista con sus fuentes. Y en gesto de condescendencia, la revista ofreció mostrar los mensajes, pero sin que aparecieran los nombres de las fuentes.
Por ahora, es bueno que nadie olvide el nombre del magistrado Eulin Triviño, del Tribunal Superior de Cundinamarca, cuya exigencia de revelar las fuentes hace que tenga un espacio especial en la lista negra de quienes quieren la prensa sumisa y acomodada a sus caprichos.
A la Corte Suprema de Justicia, resentida como debe estar por las denuncias de la prensa sobre la corrupción de algunos de sus más destacados magistrados, se le deben formular preguntas como ¿por qué tanto interés en conocer las fuentes de un periodista, y ningún interés, ni de la Corte ni de nadie en la Justicia, por saber quiénes han asesinado y ordenado asesinar a 154 periodistas colombianos durante las últimas cuatro décadas.
De esa cifra, y aquí tiene que ver la Justicia, de la que la Corte es su última instancia, 77 procesos prescribieron, porque el Estado dejó pasar el tiempo sin que moviera un dedo para establecer la verdad.
De 22 casos se conocen los autores materiales, y solo de tres, los intelectuales o auspiciadores. Del resto, nada, en situación que de verdad debería tener a todos los órganos de Justicia presionando en busca de la verdad.
En vez de esto, se preocupan por conocer, no tanto qué dijo una fuente, sino a la fuente misma. Y ya sabemos lo que ocurre cuando eso trasciende los límites de la reserva: las cifras anteriores lo dicen con toda claridad.
