Desde hace muchos años, Cúcuta y su área metropolitana vienen soportando una compleja problemática por su tremendo impacto social y humanitario. 

Es un asunto que no ha sido posible   abordarse con responsabilidad y decisión por parte de las autoridades municipales y para el cual tampoco se han podido establecer las políticas públicas pertinentes y necesarias que sí se han logrado en otras ciudades del país.

Se trata de las invasiones de tierras, con origen y causas diversas, alentadas muchas veces por verdaderas mafias, y alrededor de las cuales casi siempre se mueven los intereses más oscuros y perversos. 

La experiencia indica que en épocas preelectorales como la presente, la promoción o incitación a invadir tierras es una  práctica a la que recurren políticos irresponsables e inescrupulosos. 

Muchas veces, con el visto bueno de funcionarios amigos y cómplices en dependencias de la administración municipal o en las corporaciones públicas. 

Las entidades del orden nacional y algunas de las medidas que se toman en Bogotá en materia de desarrollo urbano, vivienda, ordenamiento territorial, catastro, titulación de predios y subsidios, entre otros, también tienen su cuota de responsabilidad en esta lamentable situación.

El drama de la creciente migración venezolana que también estamos padeciendo desde hace más de cuatro años en Cúcuta y su área metropolitana, está agudizando y complicando más el problema de las invasiones en nuestra ciudad. 

Según el informe publicado el pasado sábado por La Opinión, en las comunas 3 y 4, y en cercanías de la urbanización La Carolina y los barrios Nuevo Milenio y Mujeres del Futuro, sesenta familias de colombianos y venezolanos han invadido desde hace dos semanas esos sectores, generando preocupación entre las familias que ya estaban asentadas en esas zonas. 

Las familias colombianas y venezolanas invasoras – entre las que se encuentran varios niños – ya  levantaron sus ranchos rústicos de plástico y cartones, y casi todas duermen en el suelo. 

Es otro drama doloroso de la migración venezolana que tanto nos golpea y conmueve.     

La situación ha sido puesta en conocimiento de las autoridades municipales y es de esperar que se tome muy en cuenta y en forma responsable para que se hagan las evaluaciones y estudios del caso, y se adopten las medidas más aconsejables y pertinentes.

Urge que el gobierno municipal de Cúcuta, la Cancillería, Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Cúcuta, la Iglesia, las autoridades de Acnur, las oficinas de Gestión del Riesgo y la Cruz Roja Internacional actúen con la mayor rapidez y solvencia para que a esta situación se le encuentre la salida más adecuada y conveniente, antes de que se agrave o se extienda por tiempo indefinido.