Por fin el Gobierno local reconoció algo que es de conocimiento general, pero de lo cual nadie se atrevía a hablar: el espacio público de Cúcuta lo administran las mafias que cobran por permitir que los explotadores de las calles hagan un negocio que deja mucho dinero cada día.

Ahora ya hay un conocimiento mucho más aproximado a la realidad, de lo que sucede con todos los planes de recuperación del espacio público, el espacio de todos: las mafias lo impiden, porque se les acaba un negocio que las enriquece.

No es un fenómeno exclusivo de Cúcuta. Es algo que se replica de forma casi idéntica en muchas ciudades de Colombia, en las que se ha permitido que el fenómeno crezca, hasta convertirse en lo que es hoy: una papa caliente que nadie controla y a la que nadie quiere ni puede enfrentarse.

Es un tema que, aunque no es nuevo, hay que tratar abiertamente y denunciarlo; debe hacerlo el alcalde y adelantar un plan de la mano de la policía para empezar a evitar, al menos, que la cultura de ilegalidad que caracteriza a Cúcuta se asiente mucho más y que se incrementen la criminalidad y el abuso por parte de unos pocos vividores en detrimento de toda la comunidad.

El artículo 67 del Código de la ley 906 de 2004, que actualizó el Código de Procedimiento Penal (CPP), establece así el deber de denunciar: Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente.

Tiene razón el concejal Oliverio Castellanos cuando dice que el alcalde, como máxima autoridad municipal, “es quien tiene que combatir estas mafias”, y no decir simplemente que absolutamente nada puede hacer para que, por ejemplo, todos los vendedores ambulantes, que son un cáncer en la ciudad, desalojen las calles.

Es claro que no es una tarea fácil, menos cuando este fenómeno se ha permitido por décadas, y menos cuando Cúcuta ha tenido en el pasado gobernantes que llegaron, incluso, a incentivar la ocupación ilegal del espacio público. Pero por muy complejo que parezca, es un asunto que hay que atacar a como de lugar, sin dar más espera. 

Porque ignorarlo seguirá impidiendo que en Cúcuta la delantera la tengan quienes se apegan a la ilegalidad y también, que la sociedad recomponga su fe en las autoridades, perdida desde cuando la corrupción y otros delitos comenzaron a ganar un espacio que hoy parece irrecuperable.

Desterrar las mafias requiere de un plan estratégico, que cuente con el compromiso de todos: autoridades, gremios y ciudadanos. También requiere de una profunda intervención educativa y cultural que empiece a cambiar la mentalidad y la costumbre de que violar las leyes y ganarla fácil es el mejor camino.  

Nunca ningún ciudadano o grupo de ciudadanos puede ser más poderoso que el propio Estado. Y en este caso, no solamente las mafias se están haciendo más poderosas, sino que, con su inacción, la autoridad las está haciendo fuertes.