La violencia ha marcado muchos de los ciclos de la historia de Colombia. Violencia con motivación política partidista en no pocos casos, o de tinte social, relacionada con la tenencia de la tierra.
O generada por grupos armados beligerantes de diferentes etiquetas. Es una disputa recurrente, de la cual ahora se busca salir, poniéndole fin a un conflicto cruento con continuidad en más de medio siglo.
Magnicidios, homicidios selectivos contra defensores de derechos humanos, o de dirigentes dedicados a las causas comunitarias, sindicales o sociales, además del exterminio masivo de militantes de colectividades, como ocurrió con la Unión Patriótica en cumplimiento de consignas del paramilitarismo, no han sido hechos ocasionales.
Responden a estrategias de calculada intención de provocar atrocidades revanchistas de escarmiento.
A pesar de los avances alcanzados en las negociaciones de paz, hay bandas que no quieren ceder en su empeño de persistir en la violencia para seguir en sus actividades de ilegalidad.
Por eso buscan copar los espacios dejados por las Farc. Y en esa carrera hacen víctimas a quienes consideran opuestos a sus fines. Son los campesinos que reclaman las tierras de las cuales fueron despojados bajo amenazas de muerte, o líderes con capacidad de denuncia, también ciudadanos activos en la exigencia de reconocimiento a sus derechos.
Son varias las víctimas que deja esa sistemática persecución.
Norte Santander está entre los departamentos más acosados por esa avalancha de exterminio.de los líderes sociales.
Es una situación preocupante ante la cual no cabe la indiferencia y corresponde tanto al Gobierno, en sus diferentes instancias, como a los partidos y demás sectores nacionales unir acciones para hacerle frente a los grupos criminales dedicados a esa cacería de barbarie.
La construcción de la paz impone cerrarle el paso a todas las fuerzas ensañadas en la perturbación a sangre y fuego. La justicia, con apoyo de la fuerza pública y los organismos de control, debe obrar en forma oportuna y eficaz.
De lo contrario, los resultados de convivencia mediante la desmovilización de la guerrilla, serán arena movediza.
El Estado está llamado a garantizar protección a todas las personas que habitan el territorio de la nación. Y tal misión tiene que tomar en cuenta a quienes puedan ser sujetos de amenazas.
Colombia no debe dejar cabos sueltos que puedan ser aprovechados por sicarios o delincuentes dedicados al trabajo sucio de la muerte.
Todos los días hay que hacer aportes al entendimiento. La sociedad no puede seguir bajo los riesgos constantes de sumar víctimas. Por el contrario, tiene que elevar el nivel de seguridad en defensa de la vida y de los derechos de todos.
La democracia colombiana tendrá mayor fortaleza en la medida en que el derecho a la vida sea más efectivo.
Y esto se consigue con un ejercicio cotidiano de pedagogía de paz en los hogares familiares, en las aulas de enseñanza, en los conglomerados laborales, en los encuentros religiosos, en los estadios, en cualquier escenario de concurrencia de personas, aun de diferentes tendencias y actividades.
Sin duda, hay que salir del atolladero de las muertes motivadas por intereses perversos. Esa vorágine de aniquilamiento criminal debe desaparecer de Colombia en forma radical para siempre.
