Es como votar para que se castigue al asesino, o al secuestrador. Votar hoy contra los corruptos es igual, pero hay que hacerlo. Primero, porque ya se invirtió una gigantesca cantidad de dinero de todos, segundo, porque hay que demostrarle a la corrupción que, en verdad, se pretende combatirla, y tercero, porque, además, hay que seguir derrotando la abstención.

Que el resultado de la consulta pueda resultar inocuo en algunos aspectos, es indudable, pues, en realidad, casi todo el contenido de los siete puntos de la consulta está en la abundante legislación colombiana. El problema no está, como se piensa, en la falta de leyes, sino de recursos para que la Justicia actúe ante un grave mal que, por razones que no vienen al caso, se enquistó en lo más profundo de una sociedad acobardada y complaciente.

No se puede ocultar que la jornada de hoy apunta en varias direcciones, una de ellas a la clase dirigente —política y empresarial, que se entrecruzan—, motivado esto en el escándalo de los multimillonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, una de cuyas consecuencias es el cambio del panorama político de casi toda Latinoamérica.

Hay mucho de desquite popular en la consulta. Y se materializa en el deseo de recortar los salarios a los altos funcionarios del Estado, principalmente aquellos elegidos popularmente —los congresistas no recibirían ya el equivalente a los 10.000 dólares mensuales, sino a unos 3.500—, hasta la eliminación de los beneficios de otorgarles su casa como cárcel a los corruptos de cuello blanco, que son casi todos.

Restringir la reelección en cargos de votación (la de presidente fue derogada) y obligar a los congresistas a transparentar sus actuaciones son decisiones que se tomarán hoy, pero que, al menos en el primer aspecto, en nada combate el fenómeno corrupto. No se necesita ser reelegido para cometer el delito.

En este sentido, basta con aplicar normas legales que exijan rendir cuentas y democratizar, con la participación popular, el manejo del presupuesto público, hasta hoy monopolio de algunos funcionarios. En el último año y medio, la fiscalía ha procesado a unas 2,200 personas por casos de corrupción en gobiernos locales.

Más sentido tiene la búsqueda de atajos para que las empresas condenadas por corrupción vuelvan a contratar con el Estado, como ocurre en este país que, por año, les deja a los corruptos 4 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), más o menos 9 billones de pesos (3.000 millones de dólares), según estudios científicos.

La consulta no parece tenerla fácil, si se tiene en cuenta que la abstención en elecciones es de 50 por ciento en promedio y el sufragio no es obligatorio. Para la aprobación se necesita reunir 12.1 millones de votos.

Si no se logran, Colombia pasará una vergüenza muchas veces peor que la que pasó cuando votó contra la paz. Y las posibilidades de que esto ocurra no son pocas. Los mecanismos, esos sí corruptos hasta el tuétano, para movilizar en masa a los ciudadanos para votar en las elecciones, esta vez no existirán. Y menos, si se tiene en cuenta que congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, y sus clientelas, serán los principales afectados por la consulta.

Pero, aun así, hay que salir a votar. No hay excusa para no hacerlo. Es un compromiso de todos.