Hay situaciones de ciudad que uno simplemente pudiera tomar, cambiarle la fecha y volverla a analizar como si se tratara del día de hoy y nada haría pensar que no corresponde a la actualidad. Es como si ciertas situaciones se encontraran atrapadas en una cinta sinfín.
Es el caso de la educación escolar del sector público de Cúcuta, cuyas clases empezaron con la repetición de quejas y pedidos. El Plan de Alimentación Escolar (PAE) es uno de los hechos que llama la atención y el cual no se puede minimizar, puesto que el pasado no perdona.
Recordemos que el año pasado fue traumático para la alimentación escolar cuyo programa apenas empezó a operar desde mayo por las dificultades y traumatismos que ocurrieron a lo largo de las operaciones para la adjudicación por $35.453 millones para 126 días de servicio.
Sin embargo, en la presente vigencia se habla desde la administración municipal de asuntos que generan dudas, como lo es la siguiente afirmación de Luis Eduardo Royero, secretario de Educación de Cúcuta: “En estos momentos tenemos una operación de extensión hasta marzo que tendremos un nuevo operador. Tenemos garantizados los recursos hasta el mes de junio, pero estamos trabajando en este momento en el diseño de estrategias de financiación, para dar continuidad al programa en el segundo semestre”.
¿Quién garantiza que los pasados tropiezos no resurjan en el nuevo trámite licitatorio? ¿Volveremos entonces a ver a niños y niñas sin el servicio de PAE durante varias semanas? ¿Por qué no se hizo de una vez el procedimiento para todo el año? ¿Por qué no está todo financiado?
Las respuestas deben ser precisamente argumentadas desde los puntos de vista financiero, técnico y procedimental porque ya hay una mala experiencia como la vivida en 2022, en donde la peor parte la llevaron los alumnos que tienen una alta dependencia del PAE en su dieta diaria.
Confiemos en que la operación de búsqueda y contratación del programa salve todos los obstáculos en esta oportunidad, pero las inquietudes no cesan, porque parece algo ilógico que si es un plan a un año, que es esencial para prevenir la deserción producto del hambre, no se tenga toda la plata para el total del calendario escolar.
Si esta es una labor social que no solo pasa por el campo educativo sino que tiene que ver con la salud y la lucha contra la desnutrición, ¿por qué no tiene la etiqueta de altamente prioritario?
La vigilancia, seguimiento y veeduría social a este trámite debe de ser estricta tanto por parte de los padres de familia como de la Procuraduría o la Personería, por ejemplo, porque tiempo es lo que no hay frente a una necesidad tan grande como esta, para la que es urgente conseguir todo el dinero requerido y evitar que la desfinanciación tenga efectos paralizantes a futuro.
El PAE debe ser prioritario y con una alternativa de ampliación de cobertura, en el entendido que muchos de los niños y jóvenes que van a la escuela y el colegio ni siquiera pueden alimentarse adecuadamente en casa por los graves problemas económicos que padecen sus familias, producto de una ciudad con alta pobreza, desempleo, informalidad y exclusión social.
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