Asesinatos. Amenazas. Inseguridad. Parece la obviedad de nuestra sociedad que pareció acostumbrarse a vivir en un ambiente en donde la ley del más fuerte y el imperio de dos peligrosos metales: la plata (dinero) y el plomo (balas y bombas). Sin embargo, la mención es para referenciar el ambiente en que transcurrió la campaña política que está por terminar.
Como en las peores épocas, Norte de Santander en esta ocasión también puso su cuota de sangre con el asesinato del aspirante conservador a la Alcaldía de Tibú, Bernardo Betancurt, mientras en dos meses se registraron 62 situaciones relacionadas con hechos violentos contra candidatos.
Varios municipios del Catatumbo, al igual que Villa del Rosario, Pamplona y Toledo no escaparon de esas acciones violentas de intimidación en contra de quienes aspiran a diversos cargos de elección popular, y que en últimas resultan generando efectos nocivos entre los potenciales electores que sienten como suyas esas advertencias.
Lástima, pero el rótulo que en 2015 recibieron las elecciones locales de ser las más pacíficas de la historia reciente de Colombia, se cayó para ser reemplazado por uno que advierte que el debate regional de este año volvió a estar cruzado por la violencia de todo orden. Y eso que estamos en posconflicto, luego de los acuerdos de paz firmados con las Farc. ¿Cómo estaríamos entonces donde esa estructura guerrillera todavía siguiera activa en su totalidad?
Por el momento es pertinente recordar la advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre los altos niveles de riesgo para el derecho universal del voto en 402 municipios colombianos, en los que operan organizaciones como el Eln, el Epl, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y estructuras del narcotráfico.
Como Norte de Santander se encuentra dentro de ese escenario, la asignación de 11.700 miembros del Ejército y de la Policía para cuidar las elecciones en el departamento, es un indicador de que la situación no pinta bien desde el punto de vista de la inseguridad generada por los factores de desestabilización arriba mencionados, por cuanto todos están presentes en esta región fronteriza.
Luego el llamado a los ciudadanos es a salir a cumplir el sagrado derecho con la democracia. El hecho de votar, es una forma de enviarle un mensaje a esas organizaciones al margen de la ley de que el poder ciudadano siempre es más contundente y poderoso que aquellos interesados en la desestabilización y en arrinconar a las instituciones.
Y hablando de plata, vemos que la Misión de Observación Electoral (MOE) ha identificado 272 reportes relacionados con el uso de recursos públicos para eventos públicos y reuniones de programas sociales dirigidos a la promoción de candidatos; utilización de bienes estatales (instituciones educativas, medios de transporte, equipos tecnológicos, entre otros) en la realización de campañas políticas; construcción de vías u obras públicas, entrega de subsidios o apoyos estatales para promocionar y exigir su voto por el candidato.
Las autoridades encargadas de velar por la transparencia electoral tienen la trascendental misión de respirarles muy de cerca y capturar a los hombres del maletín, como se dice tradicionalmente para la compra-venta de votos, porque aquí cae como anillo al dedo lo expuesto por el escritor y periodista británico, George Orwell: “Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice”.
