Conflictividad es lo que ha venido marcando a Norte de Santander y ahora otra vez lo ratifica la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que enmarcó al departamento dentro de uno de los hechos que generan mayor pavor y repudio.
Hablamos de las masacres. Aquí desde los tiempos en que había una dominación guerrillera pasando a las épocas en que llegaron los paramilitares y se disputaron entre ambos el poderío territorial y sobre la población, ese sistema de asesinato masivo ha afectado la región.
En ese aspecto Cúcuta, por su zona rural martirizada por el conflicto que llega desde el Catatumbo por el cordón umbilical que lo une y la inseguridad acelerada en el frontera, terminaron por generar masacres en corregimientos y veredas de la capital de Norte de Santander.
Una cifra de ese organismo de la ONU es la mayor evidencia de que la violencia está desatada en departamentos como el nuestro, con la afirmación de que en el país en un 200% aumentó número de masacres entre 2016 y 2021.
Cómo será de delicada la situación que al darle una revisión a lo sucedido a comienzos del presente año en la ciudad, se detecta que el 26 de enero en el barrio Viejo Escobal fueron asesinadas tres personas en la trocha fronteriza La Isla, y el 3 de febrero ocurrió otra masacre en Puente Lata, en el corregimiento Banco de Arena.
Varias preguntas cabrían hacerse ahí, porque si esto sucede dentro del municipio capital de Norte de Santander, ¿qué no podrá pasarles a los habitantes de otras localidades por su ubicación o lejanía?
Recientemente se ha indicado por parte del Ministerio Público y de las autoridades locales encargadas de atender a las víctimas del conflicto, como la ciudad adquirió el ‘título’ de expulsora y receptora de desplazados, al salir huyendo familias del área rural que llegan en busca de refugio y protección al casco urbano.
Y aunque a muchos les disguste o crean que solamente se busca lo malo para resaltar, es imprescindible advertir que esta preocupación de la agencia de la ONU se relaciona directamente con el innegable incremento de la violencia y la vulneración de derechos humanos, con especial énfasis, en las zonas de frontera y aquellas con mayor ausencia del Estado.
La entidad al referirse en otro de sus apartes en forma específica a Norte de Santander habló que el año pasado documentó, es decir, dejó perfectamente evidenciada la ocurrencia de 13 hechos de violencia y temor relacionados con la instalación de artefactos explosivos como se les conoce a las peligrosas minas antipersonales.
Ese asunto, que es igual de demencial a las masacres o reclutamiento de menores, se ha convertido en otra amenaza latente para los campesinos y para los niños que van a sus escuelas, presentándose además situaciones dramáticas en que miembros de la Fuerza Pública caen en esos campos minados.
Todo este cuadro de conflicto armado sumado al narcotráfico lo que conlleva es a una violación de los Derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Por ese motivo debemos retransmitir este otro pasaje en el que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU nos nombra: la presión desmedida de los grupos al margen de la ley por imponer sus lógicas de control en municipios de departamentos como Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Magdalena, Putumayo y Sucre.
