El 1 de septiembre de 2016, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su gobierno había derrotado “un intento de golpe de Estado” que incluía el asalto del palacio de Miraflores. El mandatario afirmó entonces que habían sido capturados 92 “paramilitares colombianos”. Con posteriores excarcelaciones, el grupo se redujo a 59 detenidos acusados de “terrorismo” por la Fiscalía venezolana.
Ese fue el reporte que el mundo conoció de otra de las novelas de los complots contra el régimen del vecino país, que acaba de tener su final con la deportación de estos compatriotas, que fueron ‘protagonistas’ de prácticamente un montaje estigmatizador.
Desde la llegada del chavismo, en las presuntas acciones denunciadas como maniobras para derrocar el régimen, los colombianos capturados han sido señalados de pertenecer a organizaciones paramilitares, etiqueta que aunque no es suficiente para ser condenados en la República Bolivariana, sí los deja con el inri, para siempre.
Por el hecho de no haberles podido demostrar nada, pero sí permanecer en inhumanas condiciones de detención en una especie de galpón en La Yaguara (Caracas), ellos advirtieron que permanecieron “secuestrados” por el gobierno madurista. Este solo hecho debe llevar a Colombia a exponer esta situación ante las altas instancias internacionales para el resarcimiento del buen nombre de estos ciudadanos, la condena mundial a este hecho y la indemnización respectiva.
Pero, lamentablemente, este triste pasaje no tuvo un final feliz con la sola llegada de los 59 a territorio nacional luego de cruzar por el puente internacional Simón Bolívar. Los capítulos siguientes de ese oscuro hecho son igualmente dramáticos.
Está el caso de quienes luego de abandonar la prisión en las que probaron la peor comida, muchas veces aderezada con vidrio molido -como lo expusieron en sus dramáticos relatos ante los medios- ahora padecen la separación forzada de sus familias, pues las esposas e hijos se quedaron en territorio venezolano. “Tenía mi familia muy bonita y la destruyeron después de todo eso”, confesó uno de ellos.
Aquí corresponde apelar a las instituciones encargadas de velar por los Derechos Humanos para entrar en contacto con el Gobierno venezolano para buscarle alternativas a esta delicada situación, bien sea garantizando la salida de quienes se quedaron ayer luego de la abrupta rotura familiar o que se permita el retorno de aquellos que ya habían formado su hogar en ese país. La tarea no es fácil. El estigma lo complicará todo. Pero el diálogo y la concordia hay que buscarse por los caminos que se requieran con el fin de hallarle una salida a esta cruda realidad.
Y, además, están los que volvieron pero aquí en su terruño colombiano no cuentan ni con recursos económicos ni fuentes seguras de empleo para reanudar sus vidas luego de la amarga experiencia que les correspondió pasar en la tierra de Bolívar. Al gobierno del presidente Iván Duque le corresponde garantizarles posibilidades de contar con alternativas para incluirlos en el mercado laboral, dentro de los planes de emprendimiento o de reconversión laboral que les permitan trabajar en su país y cerrar para siempre este libro de los 59 que fueron acusados, sin fundamento, de intentar asaltar Miraflores para sacar del poder a Maduro de un país de donde han emigrado cuatro millones de personas huyendo de la crisis económica, social y política.
