Como si no fuera suficiente la pandemia del coronavirus, o como si se tratara de un asunto de poca monta, la entrada de migrantes venezolanos a Colombia, o no se tomaran en cuenta los problemas ocasionados por el cierre fronterizo entre las dos naciones, más la ruptura absurda de sus relaciones, se agrega ahora el peso de la violencia del conflicto armado extendido a territorios de uno y otro país.
Se está frente a una compleja situación. La presencia de combatientes de las llamadas disidencias de las Farc en territorio venezolano es un hecho perturbador y las autoridades del vecino país no tienen por qué admitir esa agresión. Como tampoco deben tolerar que otros grupos armados ilegales se refugien bajo su amparo para estimular desde allí acciones de violencia contra Colombia.
Por ese choque de guerrilleros colombianos y militares venezolanos en territorio del vecino país se ha creado un estado de turbulencia de graves implicaciones, como es el desplazamiento de habitantes del estado Apure (Venezuela) hacia Arauca. Se habla ya de una inocultable crisis humanitaria, cuyas secuelas se traducirán en problema de mayor impacto, que afectarán a un departamento que todavía no se ha recuperado de los desgarramientos del conflicto armado interno con tantos años de fermentación.
Las noticias diarias de lo que está ocurriendo son preocupantes, tanto más por su carga de versiones calientes. Es una narrativa donde el narcotráfico tiene amplia incidencia y a partir de allí se mueven intereses articulados a la violencia criminal. Se requiere entrar en una fase de sensatez, con suficiente lucidez para comprender mejor esa trama y poder acertar en la solución que requiere un resquebrajamiento de tanta magnitud. No hay razón alguna para no proceder con una visión adecuada, en defensa de la convivencia que debe interesar por igual a colombianos y venezolanos. Las afectaciones de la confrontación armada van a prolongarse en forma insólita
Vistas así las cosas, los gobiernos de Colombia y Venezuela deben encontrar por encima de su distanciamiento algún canal que facilite en conjunto una solución común a ese remolino de violencia que ha tenido estallido tan brutal en una franja binacional.
La normalización de la frontera es un activo que Colombia y Venezuela deben proveerse entre sí y preservarlo en función de la seguridad de cada nación. Es un apalancamiento con alcance político, social, económico y otras líneas que entran en el tejido institucional de las dos naciones.
Es propicia también esta coyuntura para que Venezuela se quite los fantasmas de complicidad con grupos armados colombianos. Como reciprocidad, Colombia debe hacer sostenible la seguridad fronteriza, mediante acciones de autoridad que garanticen una movilidad basada en la legalidad.
Colombia y Venezuela deben recobrar el camino del entendimiento con el mismo espíritu que alentaron las luchas de la independencia en forma conjunta en el siglo XVIII.
Y como prioridad hay que liberar las fronteras de la carga criminal de la violencia.
