La impactante ola migratoria desde Venezuela nos trajo algo que antes solo veíamos o escuchábamos en las noticias y que parecía muy lejano para nosotros: la presencia de los coyotes –así los llaman en México-o traficantes de personas  que buscan cruzar la frontera hacia Colombia.

El drama humanitario que afecta a quienes salen de territorio venezolano expulsados por las críticas condiciones económicas, políticas y sociales, los trae a caer en las garras de quienes manejan a sangre y fuego esos llamados caminos verdes.

La Marranera, Los Mangos, La Playita, El Palmar, La Marina, El Águila, La Isla, La antigua trituradora, La Italiana y Torre 51, identifican a algunos de esos  territorios en donde por pasar del Táchira a Norte de Santander se cobran tarifas en dólares, en una dura prueba de cómo mientras los puentes internacionales están cerrados, ese lucrativo negocio florece en las trochas.

Es de tal magnitud lo que sucede en esos senderos donde la ley la imponen las bandas criminales, que hay cobros estratificados, con el fin de que todos paguen o, de lo contrario, tendrán problemas o los devolverán con severas advertencias.

Muy curioso resulta que aquí en las goteras del área metropolitana de Cúcuta, porque no estamos hablando de zonas inhóspitas y alejadas de la civilización, ocurran situaciones de esa naturaleza y sea muy poco lo que se haga para contener este tipo de ‘peaje ilegal’ que les cobran a quienes van y vienen del vecino país por esos senderos ilegales.

Se sabe de gente que paga entre 200 y 300 dólares para venir a hacer un trámite, pasajeros que van hacia el exterior, gente que viene a comprar medicinas y alimentos, visitar un familiar, donde hay una gama de tarifas que va desde los $10.000 los más pobres hasta 500 dólares el más rico; esto se lee en un reporte periodístico de La Opinión que recogió lo dicho por Víctor Bautista, secretario de Frontera y Cooperación Internacional de la Gobernación de Norte de Santander.

Como todo esto es de una inmensa gravedad e implica una alta peligrosidad, vuelve a ponerse en la mesa de deliberación la ineludible decisión de  hacer algo para arrebatarle a la criminalidad ese gran trozo de la frontera.

Los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro tienen que dar el brazo a torcer en su radical posición de las relaciones rotas y buscar un tercer país facilitador para que al menos exista un contacto a nivel consular y entre las policías de ambas naciones, en el entendido que hoy la delincuencia actúa como si ese territorio fuera suyo.

Seguir permitiendo que el ‘mundo de las trochas’ sea una suerte de escenario para el asesinato, el contrabando, la trata de personas, la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y otras operaciones ilegales, es un asunto que finalmente afecta de manera enorme la propia seguridad nacional. 

Bogotá y Caracas -por más desencuentros y abismales contradicciones- deben entender que entre estados hay unos mínimos que deben de conservarse para no afectar a sus habitantes, quienes son los que sufren los rigores de unas relaciones inexistentes.

El otro asunto es que, con relativa frecuencia, se anuncia la presencia permanente de policías y militares en las trochas para contrarrestar el accionar de esas organizaciones al margen de la ley y controlar ese desordenado paso de migrantes, sin que ni siquiera se sepa aproximadamente cuántos entran y salen por esas rutas en donde los coyotes acechan.