Es un cúmulo de recursos perdidos eso de crear entidades encargadas de administrar bienes del Estado, si el Gobierno no les entrega herramientas para que, en caso necesario, tengan que enfrentarse a la corrupción.

La Sociedad de Activos Especiales (Sae) podría terminar como la corrupta y desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (Dne), porque carece de dientes para defender lo que es de todos ante las amenazas de los poderosos de adueñarse de unos 7,7 billones de pesos en activos incautados al crimen organizado, en especial a las organizaciones narcotraficantes.

Repetir lo ocurrido con la Dne sería una catástrofe, pues demostraría que son más poderosas las organizaciones criminales enquistadas en el poder, que todas las defensas del Estado. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora, desde cuando comenzó el decomiso de los bienes dedicados al delito y producto de él.

Estos días, otra vez la corrupción, las presiones políticas y los compadrazgos se están moviendo, sigilosa y sibilinamente, en procura de hacerse a parte del pastel en el que hay 24.000 propiedades de todo tipo, de las cuales 11.000, valoradas en 2 billones de pesos, están invadidas por testaferros de capos, personas que argumentan tener palancas políticas o simples vividores, que les están sacando todo el provecho.

Pero, ante esa ofensiva, ¿qué pueden hacer los 50 funcionarios de la Sae, solo con voluntad, pero sin funciones de policía, por ejemplo, para desalojar a las personas que ocupan esos bienes que, por razón jurídica pertenecen al Estado, es decir, a los colombianos todos?

Por esa falta de facultades, bienes en proceso de extinción de dominio siguen en manos de peligrosos grupos criminales como el Clan del Golfo o los testaferros de Salvatore Mancuso y Enilce ‘la Gata’ López, mientras funcionarios de la Sae soportan amenazas de muerte por parte de poseedores de narcobienes.

En la administración de esas propiedades, han ocurrido muchas situaciones que, en verdad, ponen en tela de juicio la eficacia de los decomisos, la moralidad de los funcionarios y la diligencia de las entidades encargadas de perseguir el delito.

Por estos días, según medios de prensa, la Fiscalía General de la Nación está dedicada a rehacer expedientes contra saqueadores de la Dne, archivados para que nadie los encontrara o saqueados para eliminar pruebas y así facilitar las tareas de apropiarse de los bienes. Esas acciones ocurrían dentro de la entidad.

La fiscalía adelanta ‘una monumental investigación para destapar una mafia interna que venía exigiendo jugosas sumas a procesados, para devolverles los bienes incautados’. Ya están presos un alto funcionario de Córdoba y una fiscal, pero faltan más nombres.

¿Cuántas cosas podrá hacer un gobierno con 7,7 billones de pesos? Sin duda, muchas. En el caso de Colombia, estos bienes pueden financiar la educación, como lo plantearon los universitarios en paro hace unas semanas, y aliviar la situación de indigencia de muchos colombianos que aún se mantienen en los últimos escalones de la economía.

Pero, como medio de garantizar que esos recursos no se perderán, como les ha ocurrido a muchos otros, se necesita darle a la Sae todas las herramientas que pueda necesitar, y a la Justicia la diligencia que hasta ahora no ha demostrado.