Ya habrá tiempo para exponer los planes y esperanzas del nuevo año, en el que sin embargo será urgente que tanto los tribunales como el Gobierno Nacional definan una cuestión relacionada con dos importantes peajes: uno en plena área metropolitana de Cúcuta y el otro situado en un trayecto de la doble calzada a Pamplona.

Siempre se ha puesto sobre el tapete si la caseta del llamado ‘peaje de La Parada’ que no está en ese barrio fronterizo de Villa del Rosario con Venezuela, sino en el sector de Lomitas en la Autopista Internacional a San Antonio del Táchira, le corresponde realmente ese lugar o no.

Hoy, quince años después de su montaje, únicamente sigue en operación esta zona de cobro a los vehículos que van hacia la capital de Norte de Santander, porque el puesto de El Escobal dejó de funcionar luego de la liquidación de la concesionaria San Simón que los estaba manejando.

Al Consejo de Estado llegó una demanda que fue admitida y etiquetada como de ‘Especial Interés’,  consideración que abre una vía hacia las precisiones definitivas que han estado como en un ‘limbo’ y que es bueno que una autoridad administrativa dilucide.

Al análisis y deliberación de los magistrados del máximo tribunal de lo contencioso administrativo se encuentran varios asuntos, como el que el peaje sea montado a la entrada del puente internacional Simón Bolívar que conecta a San Antonio del Táchira con Villa del Rosario y que el cobro se haga solamente a los vehículos que entran a territorio colombiano desde el vecino país.

Hay lejanos recuerdos sobre cómo durante la época en que se creó este mecanismo para contar con recursos para el mantenimiento de algunas vías metropolitanas, exactamente en el primer mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se sucedieron fuertes discusiones y hasta protestas.

En instantes que avanza la consolidación de la reapertura fronteriza este asunto debe de ser tenido en cuenta, y hacer la previsión respectiva de qué ocurriría en una eventual sentencia que ordenara reubicarlo y llevarlo hasta el punto de acceso a Colombia y de solamente cobrárselo a los automotores que entren a nuestro territorio.

Y mientras que eso se define, ojalá pronto, porque se trata de un aspecto binacional, el 2023 también tiene que traer una respuesta sobre peaje Pamplonita, en el que las comunidades han planteado o no montarlo, reubicarlo y establecerle cobros diferenciales para los usuarios de Pamplona, Silos, Mutiscua, Cácota, Chitagá y Pamplonita, en su mayoría campesinos.

Como se ve, no se trata de cualquier decisión. La concertación es importante. Pero también es elemento esencial tener presente el aspecto financiero para que una megaobra como dicha vía 4G pueda contar con los dineros indispensables para su mantenimiento que evite el deterioro y facilite servicios especiales a quienes cruzan por ella.

Pero en la balanza se encuentra el impacto económico y social sobre comunidades campesinas como las señaladas arriba, que según la advertencia expuesta por ellos les resultaría gravosa, porque por lo menos tendrían que pagar $12.000 cada que pasen por aquél sector. Ahí es donde radica el inconveniente.

Lo único cierto es que algo tiene que definirse y lo mejor es buscar equilibrios y hacer concesiones de lado y lado, pero sin que las mismas se recarguen sobre el lado más débil,  aunque es evidentemente esencial que se definan otras fórmulas financieras que conduzcan a una salida beneficiosa para todos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion