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Los problemas acumulados

Sábado, 20 de Noviembre de 2021
En Norte Santander se repiten los incumplimientos.

Pesa mucho sobre Colombia la acumulación de problemas de todo orden. La mayoría de esos males   tiene suficiente identificación y se requiere que las soluciones se ejecuten con la debida prioridad.  

La gente que pierde sus bienes, sus espacios de trabajo o sus fuentes de ingreso, se ve acosada en su vida cotidiana porque se quedó sin nada y no recibe oportunamente la ayuda que le permita superar la adversidad. La lentitud de los servidores públicos es desesperante y se convierte en factor de incertidumbre y de inestabilidad.

Son varios los casos de desastres provocados por fenómenos naturales con afectaciones graves. Comunidades enteras sumidas en la destrucción y las consiguientes secuelas. Todo lo perdieron y no cuentan sino con la ayuda oficial. 

Pero esta se suministra a cuenta gotas o no llega en el tiempo requerido ni en la cuantía que pueda siquiera mitigar los daños. Esa lentitud burocrática es caldo de cultivo de la pobreza que pasa a ser extrema y multiplica las calamidades hasta niveles de emergencia. Es algo que se ha tolerado, mostrando las debilidades del Estado en cuanto al cumplimiento de funciones que debieran ser puntales, porque la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos no admiten aplazamientos.

Norte Santander no ha escapado a la lentitud en el cumplimiento de planes de recuperación de conglomerados destruidos por desbordamientos de la naturaleza. Gramalote fue reducido a ruinas en 2010 y todavía no se ha completado su recuperación. Hay avances pero ya es tiempo suficiente para hacer un balance de la totalidad de las obras previstas. La intermitencia en el cumplimiento de las construcciones acordadas deja daños a los que no se les pueden menguar los perjuicios que ocasionan. Se impone la puesta en marcha de un plan sin más retardos.

Hace días señalábamos que lo de Providencia es otra prueba de incumplimiento del Gobierno Nacional en la reconstrucción del entorno de una comunidad sometida al rigor de desastres y calamidades. Con ese incumplimiento la comunidad de Providencia ha padecido estrecheces y su existencia se ha deteriorado en medio de las promesas fallidas de los voceros del Estado.

En Norte Santander se repiten los incumplimientos. Hay nuevos casos de desastres de comunidades urbanas y no se han ejecutado los planes requeridos. Esa recurrencia no puede seguir así. Es lo que ha pasado con los damnificados de hace un año por las intensas lluvias que destruyeron apartamentos y habitaciones en el barrio 23 de enero.

En la madrugada del 17 de noviembre de 2020 la quebrada Tonchalá arrasó con más de 80 viviendas de ese sector. Las zonas aledañas  como Manuela Beltrán, Los Caracoles, Los Canarios, La Isla, Villas de San Diego, y Los Arrayanes también fueron afectadas por las lluvias. La reubicación prometida a las familias damnificadas no se ha cumplido.  

Se necesita variar el comportamiento de abandono de gestiones que se requieren con prioridad para superar brechas cuya acumulación deja saldos preocupantes. El desinterés y desdén de muchos funcionarios les resta autoridad por la frustración colectiva que se genera. Entienden las comunidades afectadas que sus necesidades y sus intereses se manejan con menosprecio.

A raíz de estos desastres, hace un año se denunció también la acción criminal de urbanizadores piratas y estafadores que negociaron lotes y terrenos a sabiendas de que se encontraban en zonas de alto riesgo. Las autoridades judiciales están en mora de dar a conocer el estado en que se encuentran y los resultados de las “investigaciones exhaustivas” que se anunciaron entonces.

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