El contrabando ha sido, por muchas décadas, una práctica ilegal normalizada por la costumbre de cientos de ciudadanos que vieron en la frontera una oportunidad de negocio fácil y lucrativo.

En los últimos 10 o 15 años sus dimensiones han alcanzados unos niveles insospechados de la mano de organizaciones criminales que han ido creciendo y consolidándose, ahí, a la vista de todos, hasta convertirse en robustas y complejas estructuras con una organización asombrosa.

Como suele ser costumbre en Colombia -Norte de Santander no es la excepción-, cuando los males empiezan a gestarse, cuando los fenómenos ilegales empiezan a consolidarse, no hay acciones para detenerlos a tiempo, hasta que ya son prácticamente imparables. 

Eso ha sucedido en esta región, especialmente en dos frentes: el contrabando de carne y el de combustibles. 

La geografía fronteriza, minada de pasos ilegales de fácil acceso y difícil control, ha sido un factor estratégico para las organizaciones dedicadas al contrabando. 

Sin embargo, en los últimos tres años la lucha contra estos dos frentes de contrabando -el de combustible y el de carnes- ha asestado golpes importantes que han concluido con la desarticulación de poderosas organizaciones que  manejaban un millonario negocio ilegal que atentaba contra la seguridad, la salubridad, las empresas legales y las mismas autoridades. 

A pesar de que está claro que la tarea de las autoridades está lejos de terminar, es importante reconocer los resultados positivos de los planes conjuntos adelantados entre Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía, quienes también han podido generarlos gracias al endurecimiento de la legislación relacionada con este delito, como por ejemplo, la  aplicación de la figura de extinción de dominio a los bienes utilizados para fines de contrabando.  

Los últimos dos grandes golpes al contrabando de carne, lograron desarticular dos estructuras criminales de gran alcance; una de estas, desarticulada en 2014 y conformada, entre otros, por los hermanos Diego y Andrés Portilla Luna, este último expresidente del Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor) y Rodolfo Forero Esparza, ‘El Tata’, quienes según la Fiscalía General movían cerca de 150 mil millones de pesos al año producto de su actividad ilícita con el ganado traído desde Venezuela. 

Que a los miembros de esta organización se les haya aplicado la extinción de dominio sobre bienes que alcanzan casi los 5 mil millones de pesos, es una noticia muy positiva para esta lucha, pues en el pasado esta opción parecía remota y lejana para todos. 

Hace menos de un mes, una nueva operación que duró más de un año y que requirió del apoyo de agentes de Bogotá, terminó con la detención de 10 personas que manejaban buena parte del contrabando que estaba ingresando a la ciudad. Desde su captura, el sacrificio de ganado ha incrementado sustancialmente. 

La lucha contra este flagelo es compleja y agotadora; requiere de mucha persistencia y de la articulación de todas las entidades locales regionales y nacionales involucradas en el tema. Pero las últimas acciones demuestran que sí hay avances y que por fín, después de mucho pedirlo, se están imponiendo los castigos justos que terminarán, más temprano que tarde, siendo un factor de disuación para quienes quieran iniciarse en el contrabando.