Se repite la historia. Es como si el ciclo de violencia e intimidación se negara a romperse para permitir el cumplimiento de los derechos fundamentales a la vida, la educación y la salud en el Catatumbo, una zona martirizada por toda clase de situaciones de orden público.
Parece que otra vez estuviéramos informando lo que sucedía hace veinte, quince o diez años atrás en una especie de túnel del tiempo en donde el eje lo manejan los violentos.
La gente creía que ya había cesado aquella práctica perversa de amenazar, secuestrar, desaparecer, asesinar o desplazar a los profesores que llegan a prestar sus servicios en los colegios y escuelas de aquella rica región nortesantandereana.
Pero no. Esto sigue siendo parte del paisaje y quiere reinstalarse como una perversa acción que conlleva en últimas a la violación de los derechos humanos de los niños, jóvenes y adolescentes quienes son finalmente los afectados para poder seguir formandose en su educación básica.
Lo recientemente sucedido con una profesora y el recrudecimiento de las amenazas contra muchos otros profesores que laboran en las aulas de aquellas municipalidades empotradas en el Catatumbo, deben de llevar a la sociedad a exponer su contundente rechazo y a exigir a las organizaciones criminales que acaten los protocolos que exigen dejar por fuera de sus acciones a la población civil.
Y lo más grave de todo esto es que las estadísticas de hechos que perturban la labor de los docentes en aquellos lugares, indican que por lo menos hay 18 maestros amenazados en esa zona de Norte de Santander, durante el presente año.
El sindicato de profesores y la Defensoría del Pueblo han dado a conocer estos hechos que llevan a los profesores a exponer constantemente la vida mientras cumplen la misión educativa.
Esta consideración ha llevado, otra vez como en el pasado, a las solicitudes de traslado de maestros nombrados allí a otras localidades de Norte de Santander, por el inminente peligro para sus vidas.
Eso lleva a indicar que entonces la complicación es de alta incidencia para la calidad educativa, puesto que en la práctica, a lo que esto llevará es al aumento del déficit de plazas de maestros en el Catatumbo.
Y decimos complicado, porque al advertirse que la situación en esos municipios (Tibú, Convención, El Tarra, Sardinata, Hacarí o San Calixto, por ejemplo) está muy candente, será bien difícil conseguir que otros profesores decidan tomar los cargos en aquellos lugares.
Tiene razón Asinort cuando observa que la escuela debe de seguir siendo un territorio de paz en el que se respete la vida de los docentes y los niños, al admitir que la situación es más complicada si le llega a pasar algo a un menor de edad.
Y también es comprensible la alerta lanzada por la Defensoría del Pueblo sobre otro aspecto derivado de las amenazas al profesorado: la deserción escolar. “Cuando se incrementan las cifras de deserción escolar, lo que nosotros empezamos a ver y que obviamente se ha evidenciado, es que aumenta el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, porque los padres no tienen a dónde llevar a sus hijos y los dejan en la casa, y allí es donde los grupos armados aprovechan para hacer estas acciones”.
Luego es hora que la Unicef, las alcaldías de la zona, la Gobernación y los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos se pongan la camiseta por la defensa de la vida de los maestros del Catatumbo y la defensa a la educación de los niños y niñas de esa rica zona de Norte de Santander.
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