A pesar de que las cifras no son despreciables, pues se han decomisado 699 autos que han intentado ingresar a territorio colombiano de contrabando, el fenómeno sigue estando activo y generando preocupación en muchos sectores de la ciudad.
Pese a que desde hace más de un año el paso vehicular por la frontera permanece cerrado, el impacto que ha tenido este fenómeno hizo encender las alarmas entre autoridades y concesionarios de vehículos de la ciudad, quienes dicen verse seriamente afectados por este fenómeno que se viene presentando.
Las más de 150 trochas que comunican a Cúcuta con el Táchira son aprovechadas por los contrabandistas para ingresar vehículos de último modelo y venderlos, obteniendo importantes ganancias.
Lo último que se ha conocido es que ante los operativos realizados para evitar que estos carros sigan ingresando, los contrabandistas han optado por adulterar el modelo del carro, para evitar que estos les sean decomisados.
De esta manera, pretenden hacer pasar el vehículo como un modelo no tan reciente. El sector automotor, que fue próspero en los últimos años, llegando a aporta 14 mil millones en impuesto predial en la ciudad, han manifestado en las mesas de trabajo que realizan con autoridades y con Fenalco, su descontento por la crisis que esto les ha generado, obligándolos a despedir empleados; las pérdidas que reportan son sustanciales.
Lo grave es que aquí confluyen dos situaciones que históricamente se han arraigado en la ciudad y que realmente son difíciles de controlar.
La primera, la costumbre arraigada de muchos cucuteños de comprar contrabando sin importar el daño que esto puede generar en términos de afectación a empresarios formales y de financiación de grupos al margen de la ley.
La segunda, la falta de pie de fuerza y de herramientas tecnológicas para vigilar los pasos ilegales y ejercer un verdadero control del territorio; las mafias del contrabando han alcanzado un nivel de arraigo y de control que cada día es más difícil de combatir.
Y para completar el complejo panorama, las iniciativas que pretenden fortalecer las herramientas con las cuales se pueda hacer un mejor control no han tenido la respuesta esperada del Gobierno Nacional.
Un claro ejemplo de ello es la internación de vehículos, una estrategia propuesta para definir un rango de tiempo para que los vehículos que están en la ciudad desde antes de agosto de 2015 puedan seguir transitando, para definir el tributo que deben pagar y para reglamentar la propiedad de los carros.
A pesar de que la Cancillería y el Ministerio de Transporte se habían comprometido a sacar adelante el tema, hasta el sol de hoy no se ha obtenido una respuesta clara frente a las dudas sobre las condiciones en las que se daría la internación.
Teniendo en cuenta las denuncias que ahora hacen los concesionarios, es un buen momento para que el Gobierno Nacional tome decisiones en este frente que permitan aclarar el panorama a quienes tienen vehículos venezolanos.
Y exigir, como siempre, que el control en los pasos ilegales se refuerce, con pie de fuerza o con tecnología, para evitar que más sectores formales se sigan quebrando.
