La oleada migratoria de miles de venezolanos hacia Colombia, todos los días trae novedades y situaciones a las cuales hay que hacerle frente desde los puntos de vista económico, jurídico y de políticas gubernamentales, todas ellas con los ingredientes humanitario y solidario que la atención de una situación de esta magnitud requiere. Y por lo que acaba de notificar el Banco Mundial, el éxodo no parará sino que se mantendrá e incluso se acelerará en los próximos meses, ante lo cual se incrementará la cifra de los 1,2 millones de nacionales de ese país asentados aquí.
Entonces, aprenderemos que por un flujo migratorio como el actual, al estabilizarse los primeros núcleos de los que llegaron huyendo de la crisis venezolana, traerá la unificación familiar, es decir, la llegada de quienes se habían quedado del otro lado del río Táchira a la espera de que los suyos se consolidaran en territorio colombiano.
También estamos siendo testigos de una situación semejante a la que les ocurrió a los haitianos irregulares con sus hijos nacidos en República Dominicana. Ya en Cúcuta empezó a hablarse de los riesgos de ser considerados apátridas a los niños nacidos en Colombia, cuyos padres venezolanos no se encuentren radicados permanentemente aquí. La Constitución Nacional abre la alternativa de otorgar la nacionalidad a los extranjeros que tengan a alguno de sus padres domiciliado en la República, en el momento del nacimiento.
El ritmo del acontecimiento migratorio muestra que muchos de los bebés de venezolanos sin documentos o sin residencia permanente demostrable en el país, podrían quedar por fuera de derecho a la nacionalidad lo cual viene a convertirse en otro problema que requiere de solución por parte del Gobierno Nacional.
Apelando a los conceptos que argumentamos arriba, de humanidad y solidaridad, la Cancillería, Migración Colombia, la Registraduría, el Congreso de la República y las altas cortes, deben evaluar los pro y los contras y definir una estrategia, temporal o permanente en el ordenamiento jurídico, para el tratamiento extraordinario de esta situación, bien sea extendiéndoles la nacionalidad a los recién nacidos de padres migrantes, con todos los derechos constitucionales y legales que ello implica, o determinando si este trámite se definirá en el curso de los siete años que dura el documento de registro civil que les entrega a estos menores que por el momento no son ni colombianos ni venezolanos. Al vencerse los siete años, corresponde hacer el trámite de la tarjeta de identidad.
Razón tiene el vicepresidente de América Latina del Banco Mundial, Jorge Familiar, al indicar que la región nunca había sido testigo de un fenómeno de la magnitud e intensidad del éxodo venezolano. La prueba está en que ahora Colombia deba disponer entre el 0,23% el 0,41%% del Producto Interno Bruto (PIB) para cubrir los efectos de la prestación adicional de los servicios de educación, salud, agua, primera infancia, atención humanitaria, empleo y fortalecimiento institucional, como lo indicó ese organismo multilateral de crédito.
Por lo que se ve, el rol de los acontecimientos en la frontera nos traerá más enseñanzas y, tal vez, hasta oportunidad como lo afirma el estudio denominado Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo: “en el caso de que migraran medio millón de personas en la edad de trabajar a Colombia, el crecimiento económico se aceleraría 0,2 puntos porcentuales. Esto se debe al incremento en el consumo de 0,3 puntos porcentuales y en la inversión de 1,2 puntos”.
De todas maneras el desafío es gigantesco. Tienen razón quienes afirman que solos no podemos enfrentarlo y que debe haber un respaldo multilateral. También es fundamental que en Venezuela se supere la calamitosa situación económica, política y social que activó el éxodo.
