Ahora que se consolidó la Región Administrativa y de Planeación (RAP) del Gran Santander, ambos departamentos deberían hacer más fuerte la lucha por la defensa de Santurbán y la protección del páramo frente a la minería.

Esta unidad de Santander y Norte de Santander se convierte en un poderoso escudo para que la fábrica  natural de agua que tenemos en nuestros territorios se salve de los planes extractivistas mediante los cuales se pretende sacarle de sus entrañas 9 millones de onzas de oro durante 25 años.

Un 73% de Santurbán  se localiza en Norte de Santander y el 27% restante en Santander.  Y los habitantes de Cúcuta, El Zulia, Ábrego, Ocaña, Arboledas, Cáchira, Cácota, Chitagá, Cucutilla, La Esperanza, Labateca, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Salazar, Silos, Villa Caro, California, Charta, Suratá, Tona, Vetas y el área metropolitana de Bucaramanga, toman el agua que nace allá.
 
Y así lo plantea la propia filosofía de la RAP, de permitirles a los Santanderes avanzar en aspectos de competitividad, conectividad, sostenibilidad y medio ambiente, aspecto este último que se volvió asunto de gran valía, en momentos que peligros como el del cambio climático están en la agenda mundial y local.

Esa protección y defensa debe de quedar fijada en la agenda regional, en el primer punto, teniendo en cuenta que el recurso hídrico es ahora y en el inmediato futuro un elemento mucho más importante y valioso que los mismos minerales que se extraigan del subsuelo, y porque la conservación de ese ecosistema que guarda fauna y flora, es elevar a la RAP del Gran Santander a la potencia de una zona cuyo desarrollo es sostenible y amigable con el medio ambiente.

Además, las gobernaciones de ambos departamentos que lograron esta trascendental unificación, deben tener muy en cuenta voces como la del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, que ha señalado que Santurbán ha servido para demostrar la dignidad y fortaleza de una comunidad que defiende lo que le pertenece y que es fundamental para la vida de más de dos millones de personas.

Y en el actual escenario, donde ahora escuchamos hablar de que la Tierra podría caer en una catástrofe de llegar a tener una temperatura 2,7 grados centígrados por encima de la actual, se conoció un fallo que tiene líneas favorables para blindar las argumentaciones contra las explotaciones mineras en Santurbán.

Un Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones consideró que Colombia no debería indemnizar a la empresa canadiense Eco Oro, que exigía nada menos que 736 millones de dólares por no permitírsele ejecutar un proyecto allí.

La sentencia indicó que no se expropió a los inversionistas de la multinacional minera Eco Oro, en Santurbán, al prohibirle actividades de minería en páramos por considerarla una manifestación legítima del derecho a regular que tiene el Estado colombiano. O sea, esto significa que prohibir la minería en este páramo es legítimo porque es actuar dentro de un territorio que debe poner a salvo de una probable degradación con efectos negativos insospechados.

“Cuando el Estado colombiano toma una medida para proteger intereses legítimos, como la conservación de los páramos y su principal producto ecosistémico, el agua, o niega una licencia ambiental para la explotación a una empresa minera, está jamás podrá argüir, con fines de demandar al Estado y pretender astronómicas indemnizaciones, porque se hayan generado supuestas falsas expectativas”, es la argumentación de Erwing Rodríguez-Salah, uno de los defensores del ecosistema.

Ojalá los gobernadores Silvano Serrano y Mauricio Aguilar se echen Santurbán al hombro y hagan lo posible para cerrar el capítulo de los intentos mineros y busquen su protección definitiva.