La deserción escolar tanto en los colegios como en las universidades es un asunto de preocupación para la sociedad, porque de permitirse no actuar para conjurarla, los resultados a futuro serán desastrosos.
Debemos ser claros en que dejar de estudiar, solamente contribuye al incremento de peligrosos factores como la marginación y la exclusión social.
El deterioro de las condiciones económicas es uno de los principales disparadores de este fenómeno que desde la aparición de la pandemia del coronavirus ha cobrado fuerza por razones como el desempleo y la disminución o pérdida de los ingresos en los hogares.
Muy diciente lo expuesto recientemente por el 69,4% de los participantes en una encuesta de percepción ciudadana sobre la economía local, en el sentido de que en Cúcuta al menos una persona en el hogar perdió el empleo en medio de esta crisis sanitaria.
Hace pocos días, jóvenes estudiantes de las universidades de Pamplona y Francisco de Paula Santander se dirigieron al presidente Iván Duque y al gobernador Silvano Serrano para que en el primer semestre de 2021 se habilite de nuevo la matrícula cero.
Dicha estrategia tendiente a contener el abandono masivo de las aulas universitarias por parte de los alumnos de familias de los estratos uno, dos y tres, dio buenos resultados en el último semestre de 2020, al permitir mediante la gratuidad temporal, que 47.000 estudiantes continuaran cursando sus carreras, en este tiempo pandémico.
Desafortunadamente, en 2021 el coronavirus sigue presente y con mucha más peligrosidad en regiones como Norte de Santander, en donde la recuperación económica avanza muy lentamente en medio de las restricciones y planes de bioseguridad para tratar de contener los contagios.
Y lo peor es que el escenario socio-económico ha continuado marcando síntomas de deterioro como aquel que indica que en Cúcuta de cada 100 hogares en por lo menos 20 no hay los recursos económicos suficientes para una adecuada alimentación y sus miembros solo comen una o dos veces al días.
Luego es importante que el Estado, invierta, léase bien, invierta para que los futuros profesionales continúen en las aulas preparándose para luego ser un importante soporte en la sociedad y en la economía local y nacional. A eso no se le puede llamar ni asistencialismo ni etiquetarlo como una política para regalarle todo al ciudadano. No. Y, además, la Constitución de 1991 habla que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”.
Con esa claridad que da la Carta Magna y con el buen ejercicio logrado el año pasado, pues el Ministerio de Educación, las universidades, la Gobernación y las alcaldías sería bueno que repitieran el ejercicio para que esos 47.000 jóvenes nortesantandereanos sigan educándose.
Incluso, qué bueno sería que nuestros ilustres congresistas fueran preparando un proyecto de Ley para establecer la matrícula cero en las universidades públicas, porque en primer lugar será un acatamiento al hecho de ser Colombia un Estado social de derecho y, segundo, porque la pandemia dentro de sus enseñanzas nos ha indicado que la sociedad del conocimiento es la mejor opción para la superación de la acumulación de males que nos aquejan.
Seguro que nadie en el Congreso negará su apoyo a una iniciativa como esta que probará la importancia de la educación universal y de calidad, como producto de la inversión social.
