Las trampas explosivas instaladas por los grupos armados para sorprender a sus enemigos y proteger las áreas en que sus miembros montan los campamentos, se convierten finalmente en un arma letal contra la población civil que nada tiene que ver con el conflicto armado.

Para muchos niños llegar al colegio o regresar a casa muchas veces es una misión de alta peligrosidad porque las áreas aledañas a donde ellos estudian y los caminos veredales utilizados por los campesinos son sembrados con minas antipersonas como las 32 destruidas por el Ejército con apoyo de la comunidad en Sardinata.

Aquél municipio del Catatumbo fue noticia por la valiente iniciativa para librar de estos explosivos a varios puntos de la zona rural, liderada por dos profesores, que incluye una aplicación para rastrear los artefactos y luego proceder a activarlos de manera controlada.

En el contexto nacional, Norte de Santander es uno de los más afectados por este lastre de la guerra, al ser señalado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, al lado de Cauca, Antioquia, Arauca y Meta entre los departamentos con mayor impacto por accidentes con ese tipo de elementos explosivos.

En el primer semestre de 2022 el organismo confirmó 377 víctimas lo cual representa un aumento del 43 por ciento frente a enero-junio del año pasado.

Al CICR le causó preocupación que la población civil siga teniendo los peores efectos de esta realidad, pues el 53 por ciento de las víctimas son personas ajenas a la confrontación, indicativo que muestra la degradación y la violación de los protocolos y del Derecho Internacional Humanitario.

El otro aspecto a tener en cuenta es el aumento de la afectación por artefactos explosivos lanzadores y detonación controlada, ya que del total de víctimas reportadas el 77 por ciento fueron ocasionadas por estos objetos explosivos no convencionales en el país.

Volviendo a territorio nortesantandereano, Sardinata, Teorama, Tibú, Convención, El Tarra y Ábrego aparecen entre los mayormente golpeados por esta práctica que ha sido condenada en el mundo.

Algunas situaciones en el departamento dan una idea de la complicada situación que se padece por el peligroso asunto. En un solo operativo, el Ejército le decomisó 180 minas antipersonas a la disidencia de las Farc en Tibú. Y lo sucedido en agosto en la vereda La Campana en El Tarra, donde cinco militares resultaron heridos al caer en un campo minado.

Además, dentro de una estadística que ha manejado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señala que desde 1990 y hasta enero del año pasado, 11.994 personas (7.228 agentes del Estado y 4.776 civiles) quedaron a merced de esos explosivos ocultos, siendo Norte de Santander, con el 7,6 por ciento, el quinto departamento con más víctimas.

Esa demencial lógica del enfrentamiento de las organizaciones ilegales en conflicto por conquistar territorio e intentar aislar a sus oponentes minando zonas de uso cotidiano de la comunidad implica un confinamiento forzado,  una violación a la libre movilidad, coartar el derecho a la educación y el acceso a la salud, entre otros.

Uno de los aspectos que se debería plantear como inamovible y de inmediata puesta en marcha es que los grupos que accedan al proceso de paz total en la fase de cese del fuego adelanten el desminado o permitan que el Gobierno lo haga, lo cual serviría como una seña de real voluntad de búsqueda de la conciliación nacional.

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