Los profesionales y trabajadores de la salud que desde hace más de un año están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus no solo han  padecido en carne propia con sus familias y seres queridos los embates dolorosos de esta pandemia, sino que han sido y son víctimas de la más despiadada intolerancia, irresponsabilidad e incomprensión.

Y como si esto no bastara, en Colombia nuestros médicos ya sean generales o especialistas, rurales, enfermeras, auxiliares, camilleros, y demás empleados de la salud reciben el ataque feroz y criminal de los grupos armados ilegales de todas las pelambres. 

Es decir, los médicos como en el caso de Cúcuta y Norte de Santander no solo han puesto y siguen poniendo una alta cuota de víctimas por esta pandemia, sino que su labor abnegada y humanitaria de ayudar a salvar vidas no se valora ni se agradece, pues se les agrede y persigue en forma inmisericorde. ¿Quién cuida y protege a estos servidores? Parece que nadie y no creemos estar  exagerando.

El más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) revela que en medio de la pandemia, el año pasado se registraron en Colombia 325 ataques contra el personal de la salud, instalaciones, ambulancias y vehículos sanitarios. Es la más alta cifra de agresiones de este tipo en los últimos 24 años, y significó un aumento del 49 por ciento en relación con los 218 casos presentados en el 2019.

Según el CICR, el 42 por ciento de las agresiones fueron amenazas y lesiones al personal de la salud. Y en buena parte estuvieron relacionadas con la intolerancia hacia el personal sanitario, el miedo a contraer la COVID-19 y la desinformación o circulación de falsas noticias y las más exóticas y atolondradas versiones.

El 32 por ciento de los ataques a la misión médica estuvieron directamente relacionados a la pandemia, según el informe. Y hubo casos insólitos de agresiones como el de no permitir el ingreso de los trabajadores de la salud con sus uniformes a los supermercados o impedirles el acceso al transporte público. El informe admite que fueron muchos más los ataques, pero no se hicieron todas las denuncias ante las autoridades y ante los medios por el miedo a las represalias. 

De acuerdo con el informe, el 79 por ciento de los ataques de los grupos armados se concentraron en los departamentos Norte de Santander, con el 26 por ciento; Nariño, 12; Caquetá y Valle del Caucas, con 8 por ciento ambos; Huila y Cauca, 7 cada uno; Arauca, con 6, y Antioquia, con el 5 por ciento.

Los ataques y amenazas contra la misión médica son un gran obstáculo para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación que con esfuerzos y sacrificios se adelanta en el país, con todas sus perturbadoras consecuencias. 

El Gobierno está obligado a dar todas las garantías de protección a los profesionales y trabajadores de la salud. Según estiman el CICR y otras entidades nacionales e internacionales, esta preocupante situación persistirá y podría agudizarse en el 2021.Una de las acciones inmediatas que deberían emprenderse para enfrentarla puede ser una gran campaña para crear conciencia en la población sobre los nocivos efectos de los ataques contra la misión médica. Iniciar igualmente la difusión masiva sobre sus derechos y deberes. Los colombianos tenemos que rodear a la misión médica.