Pocos ejercicios democráticos son tan importantes como el de recuperar el poder político otorgado por los electores a los funcionarios públicos. Revocar ese mandato del pueblo puede ser incluso más importante que entregarlo o mantenerlo.

Es un derecho cuyo ejercicio mantiene siempre en claro que los cargos de los funcionarios no son de su propiedad, como casi todos lo consideran, ni la elección genera derechos in aeternum.

La revocatoria del mandato —hay que recordar siempre que mandatario no es el que manda, sino el que cumple un mandato, como lo aclaró Alfonso López— se hace, más que la elección, obligatoria si el funcionario incumple el compromiso que adquirió al aceptar el cargo.

Solo se trata del pueblo recuperando el poder que le prestó al elegido, que no pudo o no supo ejercerlo a cabalidad, según las normas legales, y puede llevarse a cabo en cualquier momento, previos algunos requisitos. La Constitución se ocupa de proteger la facultad de revocar el mandato; la Ley 1757 de 2015 la reglamenta.

Pero, y la actualidad lo dice, esto de la revocatoria del mandato puede llegar a convertirse en una especie de epidemia de moda, como ocurrió y sigue ocurriendo con la acción de tutela, que podría generarle muchos problemas al sistema electoral, y gastos inmensos —y quizás innecesarios— al Estado.

Y no se trata de estar en contra de un ejercicio legítimo y democrático, ni de intentar que no se recurra a él. Se pretende solo advertir de las consecuencias, en especial en lo económico y lo burocrático, de convocar derogatorias solo por moda.

Hoy están en marcha revocatorias de ocho alcaldes: Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Neiva, Barrancabermeja, El Socorro (Santander) y San Benito Abad (Sucre); un gobernador, el sacerdote Carlos Eduardo Osorio, en Quindío, y hasta del presidente Santos —para la cual hay que reformar la Constitución— y, al parecer, dos congresistas, senadores del gobierno, ambos.

Es probable que haya razones para revocar el mandato a estos funcionarios, pero esa es, precisamente, la medida extrema que se debe adoptar. Siempre, como lo dicen los viejos, es mejor prevenir que curar. Y en muchos casos eso se logra, aunque parezca una perogrullada, sabiendo a quién se elige.

Y para ello son necesarios un conocimiento exacto del candidato, su pasado, sus trayectoria como funcionario, su propuesta; una buena educación política, que permita anticipar si es posible o no cumplir la promesa del candidato, y algo de esa perspicacia que lleva a saber decidir.

En el caso del alcalde Enrique Peñalosa, por ejemplo, los electores pudieron remitirse a revisar la inagotable información sobre las numerosas y graves fallas del sistema Transmilenio, que es considerada su obra maestra, y así hubieran tenido una mejor posibilidad de votar por otra opción.

Ahora, si avanza el proceso para sacar de la Alcaldía a Peñalosa, el Estado tendrá que destinar 90 mil millones de pesos, según cálculos de la Registraduría. Y suma similar en el caso de un gobernador. Y así, con todos los procesos…

Y si revocar se hace moda generalizada, pues las finanzas del Estado estarán en problemas serios.