Que una ciudad como Cúcuta, con inmensas necesidades en materia de infraestructura, se dé el lujo de derrochar millonarios recursos en obras que terminan obsoletas, inservibles o simplemente abandonadas sin siquiera haberse inaugurado, demuestra la falta de control que se aplica a los dineros públicos y la ausencia de una legislación sólida que castigue a los funcionarios que son responsables de estos derroches.
Una investigación de la Contraloría Departamental registró al menos 35 obras en Cúcuta en las que se han invertido millonarios recursos que, literalmente, fueron enterrados, sin que hasta el momento haya alguna medida que obligue a quienes ordenaron su construcción responder, ni siquiera disciplinariamente.
Son obras como la nueva Terminal de Transportes de Cúcuta, convertida hoy en un conjunto de hierros retorcidos y oxidados; como el parque Metropolitano, del cual solo quedan tres canchas de tenis, una piscina llena de ranas y un terreno lleno de maleza; o el CDI de Cormoranes, del cual nadie ha podido hacer uso por sus fallas estructurales.
También se cuentan como monumentos a la desidia el Teatro de Atalaya, Interferias, el mercado de El Contento, el matadero municipal, el Parque Bavaria… Los afectados por estas obras inservibles son niños, jóvenes, personas de la tercera edad, artistas y estudiantes, resignados a desplazarse a la calle o a los parques ante la falta de escenarios.
Estos elefantes blancos son la prueba de que en Cúcuta y en el resto de Colombia, buena parte de las obras se ejecutan con una óptica perversa: beneficiar a particulares, generalmente contratistas que han financiado campañas políticas de los gobernantes de turno, y no a los ciudadanos. Es parte de la lógica clientelista que han impuesto los políticos.
La lógica con la que opera el proceso de vigilancia sobre estas obras es igual de perverso, pues la Contraloría no ejerce control anterior sino posterior, cuando las decisiones ya están tomadas y los recursos invertidos. Una vez las obras están en pie, buena parte de la batalla está perdida, pues no existe un mecanismo efectivo para vincular a los responsables de estos derroches ni para lograr que respondan.
Para la muestra lo que sucede con la mayoría de las obras que están en la lista de elefantes blancos cucuteños revelada por la Contraloría: si bien están establecidos los montos que se perdieron, son contados los casos que cuentan con procesos de responsabilidad por estos hechos.
La situación de Cúcuta se repite en la mayoría de capitales del país, en algunos casos de forma más crítica. Un informe de la contraloría general de 2018 dio cuenta de que en el país existen obras inservibles en las que se han invertido 323.574 millones de pesos; si se suman los ‘elefantes’ de hace más de una década, las pérdidas por obras inservibles podrían superar el billón de pesos.
Es urgente replantear la manera de controlar los recursos que se invierten en estas obras y establecer mecanismos para evaluar con seriedad la pertinencia y la funcionalidad de las mismas.
Solo un poco de compromiso y voluntad serían suficientes para evitar que la lista de los elefantes blancos en la ciudad siga creciendo, pero para ello necesitaríamos un cambio de mentalidad de gobernantes y funcionario públicos…. Y eso, cada día parece más difícil.
