La decisión de las autoridades distritales de Tránsito de Bogotá que prohíbe la circulación de motocicletas de 125 c.c. y más con parrillero hombre durante los próximos tres meses, originó graves disturbios de orden público y enfrentamientos entre motorizados y la policía el pasado viernes en la capital del país.
Está medida regirá para algunas zonas específicas de la capital que las estadísticas muestran como los sitios donde se comete el mayor número de delitos con el uso de este tipo de vehículos y además del parrillero.
Para las autoridades está claro que este es un asunto de seguridad, el que están obligadas a combatir y a erradicar. Para los motorizados e importantes sectores de la comunidad, se trata de una medida perjudicial y discriminatoria, pues este tipo de vehículo es su principal medio o herramienta no solo de transporte, sino también de trabajo y de subsistencia.
Algunos expertos sostienen que no solo el parrillero es el problema y recomiendan a las autoridades policiales el diseño y aplicación de estrategias integrales y efectivas para enfrentar y neutralizar a los criminales. Recomiendan igualmente más trabajos de inteligencia y de acciones preventivas.
Debe tenerse en cuenta la audacia recursiva y el poder económico y de corrupción de las bandas criminales para evadir los controles y operativos de vigilancia. Para nadie debe ser un secreto que si les prohíben el uso de las motocicletas de 125 c.c., no les será nada difícil cambiarlas o reemplazarlas por las de otros modelos y características.
Por diversos factores, en los últimos años se ha disparado el uso de las motocicletas en Colombia y su fácil adquisición y manejo ha propiciado la invasión apabullante de nuestras ciudades y pueblos con estos vehículos.
Según cifras oficiales, cada año se venden en Colombia más de 500.000 motos, y en muchos casos se entregan con solo mostrar la cédula. No hay controles efectivos del Ministerio de Transporte, ni mucho menos de las autoridades territoriales. El parque de motos está cercano a los 8 millones de unidades y más del 50 por ciento son de bajo cilindraje.
Tantas motos han generado problemas más complicados de movilidad y de seguridad como el fenómeno del mototaxismo que, en el caso de Cúcuta y Ocaña, por ejemplo, tienen al borde de la ruina a las empresas de transporte público de pasajeros. En otras ciudades, el transporte urbano formal prácticamente ha desaparecido.
Se estima que en Cúcuta entre 1.500 y 2.000 motos están dedicadas al mototaxismo, una modalidad informal y peligrosa de transporte de pasajeros que nuestras autoridades no han logrado meter en cintura.
Si bien en nuestra ciudad también está en vigencia la prohibición del parrillero hombre en motos, tenemos informes y así lo prueban recientes hechos criminales de que esta medida no se cumple con rigor en varios sectores de la ciudad.
Por eso nos permitimos llamar la atención de las autoridades para que actúen con urgencia y severidad.
Debe tenerse en cuenta también que todas las estadísticas e investigaciones relacionadas con accidentes de tránsito nos revelan que en la mayoría de estos siempre están involucradas las motocicletas. La más reciente cifra de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos confirma que nuevamente los motociclistas (conductor y acompañante) registraron el mayor número de víctimas mortales y de lesionados. En 2017 se presentaron 3.198 víctimas fatales, un 7.12 % menos que en el mismo lapso del 2016. Lesionados fueron 21.395, el 11% menos frente a los 24.002 que se presentaron en 2016. Sin embargo, en las carreteras del país este actor vial está involucrado en más de la mitad de los siniestros.
Son cifras alarmantes que justifican todos los esfuerzos de las autoridades para que no se sigan repitiendo.
