El viejo refrán cae que ni anillo al dedo para hacer referencia a lo que está ocurriendo en las calles de Cúcuta con el programa Comunidad-Gobierno, con el que la administración local salió al paso de los reclamos ciudadanos sobre la lamentable red vial de la ciudad: pusieron una de cal por muchas de arena…

En barrios como Magdalena, Santander y Antonia Santos, la realidad de las calles es hoy peor que como era antes de que llegara el programa: la capa con la que se cubrieron las calzadas se hizo añicos, y una permanente nube de polvo lo cubre todo al paso de los carros, cuyas ruedas disparan piedras a discreción...

La razón la explica María Quintero, una de las mayores aportantes para su calle: ‘le negaron el cemento’ a la mezcla, y ni la interventoría ni los ingenieros con los que participa la Alcaldía dijeron una palabra.

Por la razón de Quintero, la calle está, otra vez, en la ruina.

El programa ha encontrado una fórmula ingeniosa para hacer rendir los recursos, pues el Municipio aporta asistencia técnica y materiales, y los vecinos la mano de obra y materiales, para recubrir las calles de bajo tráfico automotor, con placas de concreto hidráulico.

Con este esquema han logrado cubrir una mayor cantidad de calles -durante el programa de han pavimentado 120 kilómetros de vías- que de otra manera, el municipio solo no habría podido cubrir. 

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, resulta injusto que los materiales con los que se hace la pavimentación sea deficiente y termine dañándose en pocos meses, especialmente si se tiene en cuenta que estos ciudadanos pagan impuestos cada año; impuestos que, entre otras cosas, deben destinarse precisamente, para arreglar las calles. 

Según las denuncias ciudadanas, el programa comenzó a fallar muy pronto, por cuando, por ejemplo, en los barrios mencionados el recubrimiento duró menos de seis meses. Además, en este año, el programa solo podrá satisfacer el 10 por ciento de las peticiones de las comunidades.

Es oportuno preguntar: ¿qué papel desempeña, entonces, la interventoría de 1.925 millones de pesos, que no está atenta para que la mezcla sea la exacta, para que los trabajos sean durables? ¿Sabe, con exactitud, qué ha pasado con el cemento, que en los dos años de la administración ha costado 20.000 millones? ¿A dónde ha ido a parar?

Por otra parte, llaman la atención dos situaciones curiosas. Una, la postura del secretario de Infraestructura, Jonny Pascual Contreras, de señalar que ni el Gobierno nacional ni el departamental apoyan el programa, sin tener en cuenta el hecho de que en todas partes las calles se conservan con los impuestos locales.

Pero, además, es necesaria una explicación, aunque no sea detallada, de las razones que llevaron a la Alcaldía a no aceptar que la Gobernación pavimentara 1.000 cuadras, como lo ofreció el gobernador William Villamizar. Sin duda, la explicación más necesaria será de cara a los ciudadanos de esos barrios, que ilusionados pusieron su trabajo para arreglar sus vías y hoy las ven nuevamente deterioradas.