Colombia, que en 2020 sumó 65 asesinatos convirtiéndose en el país más letal del mundo para los ambientalistas, registró un importante descenso de agresiones, con 33 el año pasado.
Pero, a pesar de la disminución de casos, se esperaría que nadie tuviera que morir de manera violenta por defender los páramos, las selvas, los bosques, las cuencas hidrográficas, las lagunas, los humedales y zonas fundamentales para la preservación de la vida natural y humana.
Qué contradicción que asesinen a quienes pretenden mantener encendida la llama de la existencia en aquellos ecosistemas en los cuales permanecen las semillas para que el planeta continúe siendo habitable.
Pero lamentablemente es así y en la eventualidad que las autoridades no actúen rápidamente y haya consensos sobre la necesidad de ir generando la cultura de cuidado de la Tierra y entender que el verde y el azul, el canto de las aves y el rugir de las fieras, penden de débiles hilos que no soportan la acción depredadora de los humanos.
Y es que las acciones peligrosas no solamente se relacionan con el extractivismo, también el propio turismo desbordado y sin control y las inadecuadas formas de producción agropecuaria juegan en contra del medioambiente sano y habitable, que poco a poco tiende a volverse exótico.
No más veamos como la banda criminal del Clan del Golfo -cuyos cabecillas han manifestado la voluntad de acercamiento al proceso de paz total planteado por el Gobierno Nacional- ha amenazado de muerte a defensores del páramo de Santurbán.
Eso ocurrió en agosto. Es decir, hace un mes. Luego no puede permitirse de ninguna manera que otra vez carguemos con el Inri de las intimidaciones y ataques contra quienes luchan por salvar a nuestra fábrica natural de agua, como lo es Santurbán.
Ellos tienen toda la razón en sus actividades porque de ese páramo nacen los surtidores de los acueductos que le llevan el preciado líquido a más de dos millones de personas en Norte de Santander y Santander, en 48 municipios, incluidos los que conforman las áreas metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga.
Por lo tanto, cuando abran el grifo o se estén tomando un vaso de agua, recuerden que es gracias al páramo que pueden seguir haciéndolo, porque hay eventualidades que la pueden cortar de tajo y traer la sequía, si la montaña productora del recurso hídrico es impactada por la explotación minera masiva.
Precisamente, la oenegé Global Witness recomendó acciones urgentes a gobiernos y empresas para frenar la violencia y criminalización de activistas, como implementar leyes que los protejan y amplíen sus derechos, y políticas corporativas que identifiquen, prevengan y mitiguen cualquier daño contra estos actores y los espacios que defienden.
Retomando el hilo, hay que advertir que lo de Colombia tiene visos preocupantes, porque junto con Brasil y México contabilizan más de la mitad de los ataques perpetrados contra ambientalistas el año pasado, según el análisis de la citada organización.
En este sentido, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, denominado Acuerdo de Escazú, que se abre camino en el Congreso de la República se convierte en el primer tratado ambiental que dispone de herramientas prácticas y específicas para la protección de personas defensoras del medioambiente, en especial en América Latina, considerada una de las regiones más peligrosas para los ambientalistas.
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