¡Espeluznante! Como esas famosas novelas policiacas llenas de intrigas, detalles, indicios, pruebas testimoniales, hipótesis y un elemento que si no es novelesco, sí es muy propio de la violencia que sigue golpeando a Colombia, como es el asesinato de líderes sociales, y todo eso rodea el crimen de Jorge Luis Solano, en Ocaña.
Es fundamental que la administración de justicia en todas sus aristas avance con eficacia y eficiencia para ir desenmarañando este sensible hecho, que tiene en este momento un capítulo que atrapa la atención de la opinión en general, por los acontecimientos puestos al descubierto en la audiencia de legalización de captura de Carlos Daniel Pinzón Ramírez y Luis López Delgado.
Primero debemos recordar que hace unos días Jairo Pinzón López renunció a la gerencia del Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, alegando que sus detractores políticos han pretendido sacarlo del cargo “a través del uso de viles maniobras con ataques en contra de mi buen nombre, mi dignidad humana e incluso de mi libertad”.
Pero su salida estuvo antecedida de una serie de situaciones como fue la intervención del centro asistencial ocañero por parte de la Superintendencia de Salud, por el descubrimiento de hallazgos que están en manos de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, para determinar si ameritan acciones penales, disciplinarias y fiscales.
Incluso, entre mayo y septiembre de 2020 Pinzón López estuvo suspendido del cargo por un proceso que le sigue Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, por las presuntas irregularidades que habrían rodeado una millonaria contratación adelantada por el funcionario en los primeros meses de ese mismo año.
Y ahora su nombre aparece mencionado por el que pudiera señalarse como ‘testigo estrella’ de la Fiscalía General de la Nación, quien lo vincula con el asesinato del defensor de Derechos Humanos, Jorge Luis Solano Vega, el 3 de noviembre del año pasado, que lo había acusado públicamente de presuntos hechos de corrupción en el centro asistencial.
Es de la más alta gravedad lo expuesto en el testimonio que tiene la Fiscalía, de que Jairo Pinzón López, exgerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares, fue quien buscó a Pinzón Ramírez y López Delgado, les pagó $40 millones para que le hicieran inteligencia a Coquí Solano y buscaran al sicario, y les habría entregado un revólver calibre 32 milímetros para cometer el homicidio.
Lo importante aquí es que se haga justicia con el esclarecimiento y condena ejemplar a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Solano Vega, en desarrollo de un proceso con plenas garantías a la luz del Código Penal para todas las partes, puesto que este caso no puede quedar en la impunidad como muchos otros, con tantas evidencias como parecen existir en la investigación hasta el momento.
Caiga quien caiga, es un trabajo que se le debe dejar hacer a la justicia sin injerencias de ninguna naturaleza porque precisamente lo que la comunidad en Norte de Santander espera es que la verdad brille para empezar a poner las cosas en orden en una sociedad tan golpeada por la corruptela y la injusticia.
Y así como queda claro que nadie está lanzando condenas anticipadas también es recomendable exigir que para los hechos relacionados con los presuntos malos manejos en el hospital de Ocaña, las entidades encargadas de esas investigaciones entreguen prontos resultados. Aquí lo importante es aplicar justicia.
