Atacar la misión médica bien sea al personal, a los vehículos o instalaciones hospitalarias es una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Los agentes y organizaciones involucradas en el conflicto armado lo saben, pero lo hacen porque el resultado del impacto colateral finalmente les da réditos representados en dejar a poblaciones enteras desprotegidas y sometidas a no tener un servicio de salud medianamente eficiente.

Queda corta la lista de apelativos para describir la situación que por ese motivo se registran en Tibú y el Catatumbo, pero sí es muy grave que Norte de Santander aparezca punteando el grupo de siete departamentos que acumulan el 80% de las agresiones contra el sector de la salud registradas el año pasado.

Un informe elaborado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) consignó que en 2019 en estas tierras se registraron 39 casos de ataques directos contra los profesionales que prestan los servicios médicos y asistenciales y la infraestructura para los mismos.

Hay que encender las alarmas porque los violentos no están acatando lo que dice al artículo 9  y 11 del Protocolo II de 1977, en el sentido de que “el personal sanitario (...) debe ser respetado y protegido”, y  que lo mismo debe hacerse con las unidades y los medios de transporte sanitario.

Pero hay más para decirles a los que tienen encendido el polvorín de guerra en la región catatumbera sobre su total desprecio a los médicos, enfermeras y auxiliares que están allá para brindarle atención a la gente. Resulta que esto indispensable para poner en práctica “el principio de protección y respeto a los heridos y enfermos”, como lo ordena expresamente el DIH.

Como si el territorio tibuyano estuviera en un lugar donde solo imperan el miedo, la intimidación y el crimen, nueve médicos que laboraban en el Hospital San Juan de Dios de Tibú renunciaron para proteger su vida, en medio de las amenazas lanzadas contra ellos.

Y, de paso, contrariando absolutamente la normatividad internacional para áreas de conflicto, una ambulancia de dicha institución apareció sin placas, chocada y desvalijada luego de que se la robaran. Es decir, al DIH lo volvieron añicos, y todos tan tranquilos.

Si recordamos el caso que le sucedió a  una médica venezolana  que prestaba sus servicios en esa localidad y que fue atacada a balazos, todo lo que  está sucediendo allí nos sirve para admitir que la situación sigue siendo extremadamente complicada para la misión médica, pese a la desmovilización de la antigua guerrilla de las Farc.

Ese dato suministrado por el CICR y que proviene  de la información suministrada por el Ministerio de Salud, de que el año pasado encabezamos las estadísticas seguidos por Valle del Cauca, Nariño, Huila, Arauca, Cundinamarca y Caquetá, es un referente de que aunque se busca por todos los medios aclimatar la paz en esa martirizada región nortesantandereana, todavía falta mucho por hacer y que el esfuerzo no debe abandonarse porque las consecuencias serán peores.

Ese campo de batalla en el que hay una violenta disputa para el posicionamiento y control de territorios por parte del Eln, el Epl, las bandas criminales, carteles mexicanos de la droga y otras estructuras, ha ido debilitando y deteriorando el tejido de  los derechos humanos, porque allá no se respetan ni la vida ni la honra de las personas y la ley del más fuerte es la que pareciera imperar.

“Estos hechos, combinados con las condiciones precarias en las instalaciones médicas tienen un impacto directo en el trabajo del personal de atención médica e impiden su tarea fundamental de salvar vidas”, es la advertencia  que nos deja el CICR.