La más acertada descripción sobre el problema carcelario en Cúcuta es aquella que señala que por el número de personas detenidas, en la práctica tenemos dos cárceles: la Modelo que está desbordada y los CAI, estaciones policiacas y URI de la Fiscalía en cuyos calabozos y pasillos se encuentran hacinados los presos.

El escenario está muy complicado según lo pintan las cifras. Por un lado tenemos una penitenciaría con 3.355 reclusos, que cuando se van a mirar las celdas de los pabellones resulta que presentan una superpoblación de 704 internos, mientras en los centros de detención transitoria la cuenta va en 800 personas.

Luego de que de fuentes del Inpec dieran a conocer los datos que dimensionan la creciente población privada de la libertad, la Defensoría del Pueblo ratificó en un informe la crisis humanitaria en sitios considerados no aptos para mantener prisioneros durante largo tiempo.

Aparte de los inconvenientes de salubridad pública, sicológicos y de condiciones mínimas para la permanencia, estas ‘minicárceles’ tienden a convertirse en lugares de riesgo para los barrios y sectores en que se encuentran, por las fugas, como por ejemplo la protagonizada por 11  delincuentes en el CAI de Kennedy, a finales de diciembre.

Como estaremos de mal aquí en la capital de Norte de Santander, que en el ranquin elaborado por la Defensoría nos sitúan en el cuarto lugar en cuanto al porcentaje de hacinamiento en esos lugares alternos donde deben permanecer quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, porque la cárcel está a reventar.

Dentro de los apartes del análisis elaborado por el organismo defensor de Derechos Humanos se recuerda que mediante la Ley 65 de 1993 se determina la construcción de las prisiones departamentales y municipales para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva, aunque también es posible que se hagan convenios con el Inpec para que la reciba y atienda.

En síntesis, la posición de la Defensoría es que existe una relación de especial sujeción entre la población privada de la libertad y el Estado, el cual sume el cuidado y protección, para esta población carcelaria, relacionados con las condiciones mínimas y dignas de reclusión que deben respetarse, protegerse y garantizarse independientemente de las competencias legales del Gobierno Nacional o de los entes territoriales.

Sobre ese punto en especial, habrá que esperarse que empiece la materialización de lo expuesto por la Alcaldía de Cúcuta en un acuerdo suscrito con el Gobierno Nacional para la ampliación de los pabellones del centro penitenciario, en un proyecto por $14.000 millones.

Lo importante es que se desarrollen lo más pronto posible los trámites del dinero y de ejecución de las obras para que los CAI y la URI dejen de ser sitios de reclusión, y que al mismo tiempo la administración municipal empiece a profundizar y a poner en ejecución la idea de la cárcel modular, como lo ha dicho el secretario de Gobierno, Cristian Buitrago. 

Hay dos puntos en las recomendaciones de la Defensoría que valen la pena resaltarse:

-Que mediante un proyecto de ley se aclaren los vacíos legales que no permiten que los entes territoriales cumplan sus obligaciones ni contribuyan de manera significativa a mejorar las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad preventivamente.

-Aunque no se opone a las medidas de aseguramiento —inclusive, a las privativas de la libertad— porque dada la dinámica propia de nuestro país existen casos y escenarios en los que se amerita su imposición, la Defensoría sí planteó que se debería racionalizar y utilizarla como una acción excepcional y no general.