A menos que su deseo sea el de generar desconfianza en algunos organismos multilaterales, como la Organización de Naciones Unidas (Onu) y su influyente y muy poderoso Consejo de Seguridad, el nuevo gobierno colombiano tendrá que, en contra de lo que han dicho algunos allegados, abstenerse de volver trizas el acuerdo de paz con la exguerrilla de las Farc.

A pocos días de que Iván Duque asuma la presidencia, desde Nueva York, el Consejo de Seguridad repasó la situación de Colombia y reiteró su compromiso de seguir apoyando la implementación de los acuerdos sellados por Santos y las Farc.

Hace dos semanas, otro poderoso organismo multilateral, el Fondo Monetario Internacional (Fmi), le hizo saber a Duque en Washington que del acuerdo con las Farc y la implantación de la paz en Colombia dependen la confianza y la inversión extranjera en Colombia.

Christine Lagarde, presidenta del fondo y una de las mujeres más poderosas del mundo, comentó a Duque y a los miembros de la delegación que lo acompañaba, que si regresaba el conflicto, todas las instituciones multinacionales y las empresas mismas perderían su interés en invertir en Colombia.

Entender o no el mensaje es tarea de Duque y de quienes le rodean, que están convencidos de que los acuerdos pueden ser hechos trizas o al menos modificados solo porque así lo desean, como si no fueran un compromiso solemne del Estado, no tanto del Gobierno, ante el mundo.

Esta vez, los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad, el organismo facultado para mantener la tranquilidad en el planeta, se mostraron, una vez más, unidos en su respaldo a la apuesta del Gobierno de Santos y dejaron su intención clara de trabajar con el de Duque para asentar la paz, hasta ahora tan esquiva.

Para que no quedaran dudas, el embajador sueco, Olof Skoog, que preside en organismo, dijo que el mundo desea continuar su “cooperación constructiva con el Gobierno entrante dado el compromiso del Consejo de apoyar la implementación del acuerdo de paz en Colombia”.

Dijo implementar el acuerdo, no modificarlo ni cambiarlo ni contribuir a que lo hagan añicos.

Por el contrario, el embajador británico en la Onu, Stephen Hickey, aseguró que el Gobierno de Santos “comenzó un viaje extraordinario que pertenece a todos los colombianos”, no a los pocos que pretenden echarlo atrás y aniquilarlo. Hickey comprometió, además, a su país, a apoyar el proceso “hasta el final”.

Además, dijo que “Colombia es un ejemplo para el mundo, y deberían sentirse orgullosos de lo que están logrando”.

Significa todo esto que todos los creyentes en la paz podemos estar tranquilos y esperanzados en que, poco a poco, pese a los riesgos y a las amenazas de frustrar el sueño, la paz comenzará a asentarse en Colombia, y que el peligro de que vuelvan pedazos los acuerdos no dejan de ser palabrería al calor del debate político.

Lo que no es comprensible es que mientras el mundo expresa fervientemente el deseo de que la paz sea una realidad —y el mundo conoce todos los detalles que tienen los acuerdos—, sea en Colombia donde están los opositores a la posibilidad de vivir en paz. No es comprensible ni cuerdo.