Como aparece en la leyenda que acompaña la fotografía de primera página en la edición de ayer de La Opinión, no somos Cuba, donde los alimentos se venden racionados, ni Venezuela en que se vive una grave crisis, pero ya en Cúcuta empezaron a ‘racionar’ ‘racionalizar’ o ‘controlar’ la venta de harina, situación que debe conducir a un análisis para evitar que se extienda y lleve a generar una percepción de desabastecimiento o que tras bambalinas sirva para ocultar situaciones que rayan con abusos contra el consumidor.

La discusión tiene que pasar de la deliberación a la toma de decisiones en dos aspectos concretos. El famoso aviso en las puertas de algunos supermercados: “se informa nuestros clientes la venta máxima de 4 unidades de harina por mercado, en caso de comprar solo harina 2 unidades”.

Y la siguiente anotación que en un comunicado hiciera la seccional de Fenalco: “Colombia se está viendo afectada debido a la escasez de productos alimenticios como la harina de trigo y la harina de maíz, ya que algunas empresas están enviando directamente productos a Venezuela. Esto significa que nos han limitado las unidades que normalmente despachaban para la ciudad”.

De ninguna manera se le quiere achacar el problema a los miles de venezolanos que cruzan a pie los puentes internacionales para abastecerse en el área metropolitana de Cúcuta de los productos básicos que no consiguen en su país, pero sí es indudable que los compradores residenciados en esta zona del territorio colombiano merecen ser atendidos y abastecidos sin restricciones.

Lo obvio en una economía como la nuestra es que si la demanda crece por cualquier motivo, los canales de oferta tienen que garantizar el mantenimiento de los inventarios adecuadamente surtidos a sus clientes, para que estos a su vez puedan expender adecuadamente y a precios justos a quienes van a mercar.

No hay que ser un docto para saber que cuando empiezan a escasear los artículos de las estanterías o a fijarse cantidades determinadas por comprador, detrás salta el fantasma del alza de precios con su consecuente impacto inflacionario. En este caso es preciso indicar que Cúcuta ya tiene suficientes problemas como el desempleo, la pobreza, la informalidad, la inseguridad, para ahora añadirle otro que lógicamente  agravaría los primeros.

Es hora de que el Gobierno Nacional le ponga atención a esto, porque de lo contrario Cúcuta no solo será la campeona en muchos de los males socioeconómicos, sino de dolencias que nunca había padecido. 

Por eso las autoridades nacionales y locales están obligadas a exigirles a los grandes proveedores a cumplir su misión en la cadena de comercialización, porque sería muy delicado  que ahora resulte que las grandes fábricas no tienen el músculo productivo suficiente para enviar los bienes requeridos por una región en que se dispararon las compras, por la masiva afluencia de clientes extranjeros.

Y también se debe evaluar e impedir maniobras de ficticio desabastecimiento que conduzcan no solo a la carestía indebida de los productos sino al famoso contrabando de extracción hacia territorio venezolano, para aprovecharse de los altos precios que allá están dispuestos a pagar en los mercados de revendedores o bachaqueros, como los llaman.

El desafío en ese aspecto es muy grande y tanto los gremios como las administraciones locales también deben jugar el papel de facilitadores y de vigilantes para que el flujo de compra y venta de productos de la canasta familiar se desarrolle adecuadamente y sin alteraciones riesgosas que dañan la economía y golpean la capacidad adquisitiva del presupuesto familiar.