En el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las Farc hay un aspecto relacionado con el Plan Nacional de Salud Rural, que según la observación del Instituto Kroc, no está todavía habilitado ni implementado.
Pero vamos por partes. Primero debemos decir que ahí se plantea la construcción y el mejoramiento de la infraestructura para la salud rural sobre la base de un diagnóstico amplio y participativo; la adopción de un enfoque diferencial y de género; la creación de un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas; y un sistema de seguimiento y evaluación permanente para garantizar la calidad y oportunidad de atención.
En segundo lugar hay que reconocer que la organización Kroc hace parte del componente internacional de verificación incluido en el punto sexto del pactado y por ello es importante su notificación al Gobierno Nacional.
Incluso, Gerard Martin, el director del instituto, le dijo a La Opinión que sería una gran oportunidad avanzar en eso, porque son herramientas muy importantes en este contexto de la COVID-19 para regiones como el Catatumbo, por ejemplo.
Y hablando de ese sector de Norte de Santander, la organización es partidaria de que en momentos que el proceso está entrando en una nueva fase territorial, se debe construir sobre los logros anteriores y transformar las zonas más afectadas por la violencia.
Lastimosamente esas palabras y consideraciones se estrellan contra una realidad que muestra tres masacres en toda esa área, aparte de que en Tibú en lo que va corrido del presente año la ola sangrienta le ha arrebatado violentamente la vida a 44 personas.
Esta problemática fue tenida en cuenta por el instituto Kroc que precisamente se refiere a situaciones a las que lamentablemente pareciera que en el departamento ya nos hemos acostumbrado y que nos sigue como un lastre para lado y lado.
Cuando leamos el siguiente párrafo nos vendrá a la mente la urgencia de consolidar las acciones del posconflicto, eliminar factores como el narcotráfico que genera la violencia y, evidentemente, continuar la construcción de un nuevo modelo de desarrollo en estas zonas que tienen profundas heridas abiertas por la guerra.
“Entre los factores desestabilizadores están los corredores del narcotráfico, la migración, los frentes de deforestación, las zonas con presencia de cultivos de coca, las minas antipersonales que se siguen posicionando, la presencia de actores armados, entre otros”.
Pero como en todos los aspectos de la cotidianidad, esta especie de veeduría resaltó que precisamente en los municipios catatumberos los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han avanzado en asuntos relacionados con la formalización y la construcción de su hoja de ruta.
Por ejemplo, uno de los recientes logros que se manifestará en mejores condiciones de vida para 3.543 usuarios en Sardinata, Tibú, El Carmen, El Tarra y San Calixto es el plan de electrificación rural ‘Iluminando los sueños del campo’.
Hechos como estos son los que se necesitan, pues son muy importantes para localidades olvidadas y en donde la mano del Estado muy pocas veces ha llegado con la contundencia requerida para favorecer a las comunidades desde los puntos de vista sociales y económicos.
