Nueve alcaldes en solo siete años puede constituirse en un récord mundial, un registro casi imposible de superar en condiciones normales.
Sin embargo, más allá del hecho de cambiar de alcalde casi como de camisa, los asuntos que deben llamar a reflexión son el hecho de que la elección de Quinto Guerra, suspendido ayer por la Procuraduría como alcalde de Cartagena, se pudo evitar a tiempo, y el costo de cada elección atípica que, para el caso pasa de unos 15.000 millones de pesos.
Gastar esa cantidad abrumadora de plata para elegir a un alcalde que estuvo solamente 12 días en el cargo es aberrante, una infamia para Cartagena, cuyos cordones de miseria son de sobra conocidos en el mundo entero, y con el país, pues el dinero es aportado por todos los colombianos.
Esta vez, y contrariando la cultura de la inactividad total que predomina en esa dependencia en Norte de Santander, por ejemplo, la Procuraduría advirtió que la candidatura de Guerra a la Alcaldía era ilegal, pero el Consejo Nacional Electoral lo declaró como lícito aspirante, apenas cuatro días antes de las elecciones.
Elegido con apenas 71.576 votos, Guerra no alcanzó ni a acomodarse sobre el mullido cojín de su silla en la Alcaldía, cuando de nuevo la Procuraduría actuó, y en decisión de hace pocas horas, lo suspendió del cargo de manera indefinida.
Habrá que nombrar un sustituto y, si la situación legal lo permite, convocar a una nueva elección, lo que significa otro gasto enorme de dinero, necesario para numerosas obras y proyectos del Estado que siguen esperando un impulso.
Pero, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral desoyó la llamada de alerta de la Procuraduría? Debe haber sido por el interés partidista de algunos miembros, que primó sobre el interés jurídico que debe ser excluyente en esa institución.
Según la Procuraduría, Guerra no solo no podía ser elegido alcalde, sino que ni siquiera debió inscribirse como candidato, pues apenas hace seis meses era un contratista del Estado y la norma legal establece que el mínimo es un año.
Tuvo la Procuraduría que demandar la elección ante el Tribunal Superior de Cartagena, que falló por mayoría, para frenar a Guerra, con base en una ponencia que explica que es necesaria la suspensión “para el bien de la democracia”, y que aceptó el planteamiento del procurador delegado Germán Calderón España, que se preguntó qué debe pesar más, si el valor que tiene la ética y la moral o los intereses políticos, en este caso del partico conservador, “al que no le importaron la ciudad y su honda crisis actual; lo único que les interesa es el escritorio de la Plaza de la Aduana”, según había dicho el veedor cartagenero Gabriel Rivero.
El episodio debe darle fuerza a la posibilidad de que, de alguna manera, el Estado les cobre a los magistrados que validaron la elección ilegal, el dinero que se invirtió en una elección que terminó en un fracaso por razón de la politiquería y del clientelismo.
Mientras no haya sanciones para los responsables del caso de Guerra, seguirá la actitud de validar exabruptos, por meras razones partidistas. Que eso es también corrupción.
