Apoyar a los departamentos y municipios que al igual que el resto del país, también se han visto resentidos por el impacto del coronavirus, decidió el Gobierno Nacional, lo cual también se verá reflejado en el bolsillo y en la condiciones de vida de sus habitantes.
“Nuestros entes territoriales registran a la fecha la pérdida irreparable del 45% de sus ingresos corrientes por culpa de la pandemia”, había advertido recientemente la Federación de Departamentos.
Una de las tablas salvavidas que desde del Ejecutivo les lanzaron a los 32 departamentos, es una muy importante, que ellos tengan el 100% de la sobretasa por la venta de ACPM, que antes era solo del 50% para regiones como Norte de Santander y el otro porcentaje se iba para el INVÍAS. Ahora este esquema fue cambiado.
Como en los primeros cuatro meses de este año los departamentos alcanzaron ingresos apenas por $352.894 millones, que equivalieron a un descenso del 50% frente a igual periodo del año pasado, el Gobierno Nacional les tendió la mano con otra serie de alivios para que la crisis no se recrudezca y degenera en peores problemas sociales y económicos.
Una de las posibilidades que se les abrieron consiste en la alternativa de hacer una reorientación de las llamadas rentas de destinación específica para los pagos de nómina que hacen parte de los gastos de funcionamiento y para cubrir las necesidades relacionadas con la crisis sanitaria que afecta al país por la COVID-19.
Obviamente, el hecho de que se levanten las restricciones que existían en ese aspecto, debe implicar un manejo cuidadoso de los recursos que se puedan liberar y entender que hay muchas necesidades que no se les ha podido satisfacer a la gente en esta pandemia y que ahí podría haber una posibilidad para ello, aparte de no afectar tampoco el empleo de los funcionarios vinculados.
Una de las decisiones que se espera tenga múltiple beneficio, es el relacionado con la contratación de créditos para la reactivación económica regional que podrían llegar a equivaler hasta el 100% de los ingresos corrientes del respectivo ente territorial.
Ahí también se encuentra la posibilidad de ampliar el porcentaje para la consecución de préstamos de tesorería que les permitan a los gobiernos regionales tener mayores flujos de recursos dirigidos a subsanar problemas propios de la crisis sanitaria.
Y un aspecto que se pudiera decir llega como ‘anillo al dedo’ a ciudades como Cúcuta, es la autorización presidencial para que los alcaldes hagan uso de la facultad de diferir el pago del impuesto predial en cuotas de hasta 12 meses a los contribuyentes.
Esto resulta lógico y adecuado en un tiempo pandémico que al cruzar en transversal todas las actividades humanas, lógicamente que viene a constituirse en un alivio para los responsables de este tributo y una alternativa para los municipios de lograr que sus metas de recaudo no se vean maltrechas en esta atípica temporada.
Como dicen los expertos, se trata de una batería de herramientas que bien utilizadas y planificadamente activadas podrán ayudar a que las regiones como Norte de Santander no vayan a quedar sumidas en un panorama de apocalipsis, puesto que la nueva realidad que está lejos de aquella que llamábamos normalidad, nos dice que el cambio es vital.
