En Colombia, a diferencia del resto del mundo, no es tan fácil decir, con toda certeza, de forma categórica, que algo sí se puede hacer. No porque falte voluntad, sino porque, en verdad, no estamos acostumbrados a cumplir lo que se promete.
Comenzando por los gobernantes, desde luego, en cuyas ejecutorias el sí se puede, acá se queda apenas en un parece que es posible.
Desde varios sectores, en especial los opuestos al pasado Gobierno, se puso el grito en el cielo porque el área cultivada con coca el año pasado había crecido a 209.000 hectáreas. Una cifra preocupante, sin duda, en especial para el Gobierno de relevo, que busca congraciarse con quien quiera que se pase por delante.
La reacción ante la cifra fue la esperada, aunque la menos indicada: glifosato a tutiplén, todo el que se pueda, como fórmula para combatir los cocales. ¿Qué las consecuencias pueden ser terribles? Eso es lo de menos, hay que satisfacer al socio que produce y vende el diabólico defoliante.
Mientras tanto, la Fuerza Pública demuestra que se puede erradicar de otra manera, y aunque 150 hectáreas al día no parecen significativas, la verdad es que, entre enero y el 9 de octubre, el programa de sustitución voluntaria (a cargo de los campesinos) y de erradicación manual (forzosa, por militares y policías), han dado resultado. Solo la erradicación ha limpiado 40.000 hectáreas, casi un 20 por ciento del total de hectáreas cultivadas.
Si, como parece, la erradicación forzosa es exitosa, ¿por qué no intensificarla?
En el Catatumbo, por ejemplo, la segunda zona más cocalizada del país, hay 12.000 soldados, según lo han confirmado fuentes oficiales. Que estén inactivos no es razón para no ponerlos a trabajar.
La inactividad se deduce del hecho de que allí, cada día, ocurren, uno detrás del otro, graves hechos de violencia: asesinatos, secuestros, amenazas, desalojos de campesinos por grupos criminales, contrabando, robo de combustible, y por parte alguna se nota la presencia de la Fuerza Pública.
Salvo fotos enviadas por la Policía, de agentes suyos recorriendo a pleno día las calles de algún pueblo, no hay otra prueba de su actividad. De los soldados, ni siquiera fotos, se dan a conocer. Explicaciones, mucho menos.
La otra posibilidad es la de que no son ciertas ni las cifras ni el despliegue de tropas que oficialmente pregonan. En tal caso, el control territorial tampoco está en manos del Estado sino, como siempre, en las de la criminalidad y la subversión.
Porque ¿cómo explicar que la zona donde, se dice, hay tal concentración de tropas y policías, sea, precisamente, donde están ocurriendo todos los secuestros del país y estén asesinando a más personas y desplazando a más campesinos?
Es verdaderamente incomprensible, en especial en momentos en que, desde lo más alto del Gobierno se dora la píldora en busca de que la traguemos callados y permitamos el desmesurado incremento del presupuesto de defensa.
¿De defensa de qué o de quién?
Quizás sea mejor, ante lo inevitable del reajuste presupuestal, que todos los militares y policías demuestren, no solo que saben hacer lo que se supone saben hacer en beneficio de la sociedad, sino que lo están haciendo…
