Por la forma fácil de adquirirlas mediante créditos sencillos, bajo costo y una amplia oferta en el mercado con distintas marcas, las ventas y el uso de motocicletas sigue su aumento preocupante en Colombia. Y a la proliferación de este tipo de vehículos contribuye también la falta de una reglamentación y normatividad que evite o contrarreste los abusos, indisciplina y desmanes de muchos conductores. Nadie logra meter en cintura a los motorizados, a pesar del clamor de los ciudadanos.
Es un problema que afecta a todas nuestras ciudades – grandes, medianas y pequeñas – cuyos habitantes sufren las consecuencias y perturbaciones del caos y la anarquía que generan. Para nadie es un secreto que en varias ciudades el transporte masivo de pasajeros formal, y que funciona de acuerdo con las normas legales, está siendo reemplazado por esa modalidad peligrosa de transporte ilegal que es el mototaxismo.
Según cifras de diferentes fuentes, en el año 2013 se vendieron en el país 660.000 motos, doce veces más que en el año 2000.
En el 2014 se vendieron 688.000 nuevas motocicletas y en el 2015, otras 632.000.
Andemos, que es la entidad que agrupa a los concesionarios y distribuidores, dijo en un reciente informe que hasta octubre del presente año, en Colombia se habían vendido cerca de 480.000 motos.
Según Procolombia, nuestro país es el segundo productor de motos en Latinoamérica y el tercer consumidor en el mundo, con una producción que se duplicó aproximadamente en cuatro años y con una tasa de crecimiento anual del 16 por ciento. No son cifras de poca monta. Se han revelado también informes oficiales en el sentido de que en el 65 por ciento de los accidentes de tránsito está involucrada una moto.
En Cúcuta, donde los motorizados constituyen un grave problema social y de movilidad por sus acciones irresponsables y desafiantes, se ha propuesto en varias ocasiones la necesidad de aplicarles el sistema de pico y placa. Pero hay quienes creen que esta medida resulte inocua, pues hay familias con dos y hasta tres motos.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ha hecho una interesante propuesta para enfrentar el problema y es el de los peajes para las motos. En algunas ciudades del país se pagan peajes por las autopistas y avenidas que se han construido para aliviar los problemas de la movilidad. El gobernador Pérez Gutiérrez plantea que toda motocicleta, cada vez que utilice una vía con peaje, debe pagar $1.000 y ese dinero debe ir a un fondo de cada departamento con la destinación específica de construir motorrutas de uso exclusivo para este tipo de vehículos. “Cada departamento debe contratar el diseño de un plan de motorrutas exclusivas y lo empezará a volver realidad con los recursos que recoja de esos peajes”, dijo el gobernador antioqueño.
Considera que su departamento, dado el desarrollo de su infraestructura vial con amplios túneles y autopistas podría recaudar por los peajes a las motos 80.000 millones de pesos al año. Y en el futuro, según sus cuentas, Colombia podría estar recabando cerca de un billón de pesos que le permitiría modernizar la movilidad de las motos.
Tenemos que admitir que en nuestra región no son muchos los peajes que hay que pagar por el uso de las vías, pero también carecemos de una adecuada y amplia infraestructura para motorrutas. Y ante la magnitud del problema que significa la proliferación de las motos bien vale la pena estudiar y analizar la propuesta del gobernador de Antioquia. Como todas las alternativas que se presenten para atender en forma efectiva el clamor de la comunidad de meter en cintura a los motorizados.
