Como si no fuera de poca monta la crisis sanitaria por el coronavirus que obligó a la toma de drásticas medidas preventivas, ahora en esta parte de la frontera con Venezuela estamos siendo partícipes de un nuevo drama migratorio, que acarrea grandes riesgos.
Se trata de la aglomeración de venezolanos que llegados de varios países hacia donde habían partido y desde diversas ciudades, pues arribaron hasta La Parada con el fin de devolverse para Venezuela, porque a raíz de la pandemia se les cerraron las posibilidades de empleo y de obtención de recursos.
Aparte de que ese número va en aumento, surgió un inconveniente inesperado, y es que el gobierno del vecino país determinó restricciones a la entrada de sus ciudadanos, en cuanto al número y los días para hacerlo desde esta zona que conecta a Norte de Santander con Táchira,que ahora es de 1.200 por semana.
Coronavirus más represamiento de personas, es una combinación de alta peligrosidad en el campo de la salud y es urgente que las autoridades migratorias, por ejemplo con Naciones Unidas, instalen un campamento adecuado para la recepción de esas personas, en la frontera.
Allí se les podría tener con controles de temperatura y cumplimiento de los protocolos del distanciamiento físico y el uso obligatorio del tapabocas y suministrándoles los alimentos necesarios y las colchonetas y frazadas para los días y noches de permanencia, mientras que las autoridades venezolanas les abren paso.
Como siempre, hay suspicacias en torno al porqué la administración del presidente Nicolás Maduro impuso esa especie de talanquera al retorno libre de sus conciudadanos. “Es inhumano y cruel cerrarles las puertas de nuestro país a nuestros hermanos”, ha dicho sobre este asunto el diputado opositor tachirense a la Asamblea Nacional, Carlos Valero.
Y mientras el Comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, dejó expuesto que en virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia, Maduro no ha dicho nada al respecto.
Con el silencio de Caracas y con miles de venezolanos intentado volver a donde sus familiares en el país vecino, Colombia quedó abocada a enfrentar esa inesperada ‘crisis del retorno’ que se extiende por el área metropolitana de Cúcuta y alcanza hasta a Bogotá y otras ciudades donde también hay concentración de migrantes que quieren hacer el viaje de regreso.
Ojalá Acnur o la Organización Panamericana de la Salud que últimamente ha servido de puente de contacto entre Colombia y Venezuela, logren comunicación con el régimen de Maduro para que desde el punto de vista de la salud le expongan el peligroso riesgo que genera, en tiempos de la COVID-19, la medida que él adoptó contra sus coterráneos que buscan volver por medio de un canal humanitario.
Es que ahí se está jugando con la vida no solo de estas personas, sino con la de quienes habitan en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios porque en la eventualidad de desatarse un contagio descontrolado entre estas personas que hace unos años salieron en éxodo y hoy están anhelando entrar a su patria, los resultados podrían llegar a ser de características desastrosas, puesto que desbordarían la capacidad de atención hospitalaria y podría degenerar en una alta letalidad.
