Este año los taxistas hicieron un paro que dejó graves pérdidas para las actividades económicas de la ciudad y se les ha escuchado tener posiciones fuertes en contra de la prestación del servicio de transporte por plataformas, por considerarlo ilegal.

La Alcaldía de Cúcuta, finalmente accedió en su pedido de aplicarles nuevamente el pico y placa, al mismo tiempo que por decreto determinó que la carrera mínima es ahora de $6.000 y no de $5.500, como la autorizada anteriormente.

Sobre lo último, prácticamente que es una oficialización de una tarifa que ya se venía cobrando por parte de los conductores de los vehículos que prestan el servicio de transporte individual en la región.

Sin embargo, queda en el ambiente la consideración de que a  la mancha amarilla quién la ronda, porque mucho se les escucha reclamar, denunciar y exponer a los piratas que ofrecen paralelamente llevar pasajeros sin estar autorizados para ello y reclamar que los vehículos particulares que usan aplicaciones están compitiendo ilegalmente, y sin embargo, en su contra también hay señalamientos.

Los más de 8.000 taxis que recorren las calles de los municipios metropolitanos, incluyendo Cúcuta, han señalado ahora su inconformismo con la ‘subida oficial’ de los $500 de la mínima que ellos ya le exigían a  los pasajeros, antes de que el gobierno municipal concediera oficialmente dicho beneficio.

Como debido a los aumentos mensuales de la gasolina (subsidiada y con precio nacional) y de los demás gastos de ese sector, ahí pudiera estar cocinándose otro problema, que el gobierno local debe conjurar antes que se termine otra vez afectando la economía cucuteña, como en aquél momento en que se perdieron $7.000 millones por el paro.

Ahora bien, es momento que haya una posición del Área Metropolitana frente a una denuncia que se publicó en estos días en torno a la ‘piratería amarilla’, la cual no debiera quedarse simplemente en exhaustivas investigaciones.

“Ellos pueden hacer carreras de ida y regreso, pero de forma individual y lo que hemos visto es que casi el 90% de los taxistas que trabajan entre Cúcuta y Puerto Santander lo hacen de colectivos y eso es una competencia desleal y también ilegal”, es la afirmación concreta que se expuso por parte de la empresa transportadora que tiene una ruta habilitada para cubrir ese destino.

Aclarar y precisar esto, lo más pronto posible es indispensable, porque la situación según la  información dada a conocer por La Opinión indica que se está preparando un posible cese actividades en esa ruta, como se advierte en los letreros pintados en las ventanillas de los  vehículos.

A la subdirección de Transporte del Área Metropolitana le corresponde ponerle orden a todo lo relacionado con dicho servicio en las diferentes rutas de la región para ponerle freno a esta clase de situaciones expuestas, que pueden terminar trayendo graves complicaciones para los mismos usuarios.

Nada de raro hay en que esta sea una consecuencia de la famosa entrega de cupos de taxis a manos llenas por  parte de anteriores administraciones municipales, cuyo número hoy asciende a los 8.845 vehículos, sin tener certeza completa sobre esta cifra, ya que ninguna administración se le quiso medir a censarlos.

Nada es descartable y este caso del manejo y entrega de los cupos fue un asunto que se quedó en un punto muerto, donde no hubo responsables ni absolutamente nada.

Todo quedó en lo que antes se denominaba como el ‘tapen tapen’, en referencia a los escandalosos casos que quedaban sepultados sin ninguna explicación.

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