Se conoció una importante y positiva noticia en medio de tantas malas nuevas, sobre la inyección de recursos para vigorizar la sustitución de las plantaciones de coca en Sardinata y Tibú que a las claras es una de las alternativas más viables para enfrentar la producción de la materia prima de la cocaína que nutre al narcotráfico.
Es que el combate contra este flagelo no debe ni puede circunscribirse únicamente al de la operación policial y militar que incluye fumigaciones y erradicación forzada para la destrucción de los cultivos ilegales.
En medio de este mar de coca y del alcaloide que sale de ella, es oportuno darle posibilidades a la inversión para que los campesinos se deshagan de la ‘hoja maldita’ y cuenten con alternativas sólidas en la construcción de una economía basada en la legalidad.
Por eso resulta alentador el anuncio de $22.934 millones destinados para las 2.986 familias de estos dos municipios del Catatumbo que están dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Su importancia radica en que sirve de referente para el propio Estado en la necesidad de profundizar la extensión y cobertura de este plan que nació como producto del Acuerdo de Paz con las Farc, que en el punto uno lo señala como alternativa para las comunidades campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de esos cultivos y en el punto cuatro lo refrenda como componente de la reforma rural integral.
Para trazar una línea de rescate del territorio catatumbero de la cruda situación de violencia que hoy lo flagela, la plata que se dirija para sacar al mayor número de personas de los sembradíos de coca, es la mejor inversión que puede hacerse, puesto que al consolidar los proyectos alternativos para reemplazar los cultivos ilícitos, es un triunfo sobre las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Norte de Santander registra la mayor área sembrada en el país, con 40.084 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) en Colombia.
Tibú (uno de los municipios favorecidos con la inyección financiera al PNIS) está catalogado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) como el primero en Colombia con 19.334 hectáreas cultivadas con hoja de coca, que en el departamento representan el 48 %.
En medio de ese preocupante panorama y además de tener a Sardinata junto con El Tarra y Teorama dentro de los diez municipios con más coca en Colombia, suena alentadora la siguiente consideración de Hernando Londoño Acosta, director de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio:
“Estamos seguros de que no hay peso que pague la tranquilidad que les representa estar dentro de la legalidad de la sustitución voluntaria. La coca es una falsa economía que este gobierno y los gobiernos del mundo queremos eliminar de nuestra historia, de la vida de nuestros campesinos y de los niños y jóvenes afectados por este flagelo del narcotráfico”.
Lo dicho por el funcionario sirve para insistir en la necesidad de seguir expandiendo el PNIS sin pausa y con el acompañamiento especial a muchos campesinos que son amenazados por grupos armados y carteles de la droga a cultivar la coca en sus parcelas.
El Estado y la sociedad deben persistir en el uso de esta herramienta surgida de la paz para quitarle poder y dinámica al combustible del conflicto como es la coca y sus billetes ensangrentados que siembran guerra, generan corrupción y crean espejismos de falsa prosperidad.
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