Hasta que se hizo el milagro.
Desde hace tres días, el Gobierno nacional piensa de otra manera en todo lo que tiene que ver con la frontera oriental y los problemas que genera el ingreso descontrolado de extranjeros.
Ahora, para la canciller Ángela Holguín, tan reticente ella a aceptar que esta región tiene graves problemas por razón de la laxa política migratoria diseñada por el gobierno, el asunto de la inmigración venezolana está en el máximo nivel de importancia de su despacho.
Es que hasta el martes, ni Cúcuta ni Norte de Santander les despertaban a la canciller y a otros ministerios el interés que se reclamó durante más de dos años de ver llegar miles de venezolanos, sin formalismo alguno, a copar servicios fundamentales, como salud y educación, y a hacer de umbrales, calles y parques sus viviendas.
Solo cuando los acosados habitantes del barrio Sevilla decidieron dejar atrás su reconocida tolerancia, cansados de soportar todos los abusos posibles de quienes se tomaron sus campos deportivos, solo entonces la Alcaldía reaccionó.
Y el asunto trascendió, hasta llegar al Consejo de ministros, donde decidieron algunas tareas urgentes para enfrentar la problemática originada en el hecho de que cada mes, 15.000 venezolanos sin documentos y sin nada se radican en el sitio donde los alcance la noche.
Un detalle que pudo inclinar la atención oficial hacia la frontera parece que fue la fuerte sospecha de que en el atentado terrorista de Barranquilla actuaron al menos dos venezolanos, vinculados al Eln.
No es un ingreso masivo, dice la canciller y puede tener razón, pero sí, 15.000 es una cifra de una magnitud considerable, más si se tiene en cuenta desde hace cuánto tiempo están llegando.
Lo que importa en verdad es que al parecer el alto Gobierno superó el silencio y la profunda apatía hacia los problemas de esta región, creados por la estrategia oficial de aceptar a cualquiera que se pare en la puerta de entrada, solo por el afán de que la revolución venezolana se avergüence, algo que, obvio, jamás ha ocurrido…
El Gobierno, según la funcionaria, ordenó prepararlo todo para enfrentar una eventual emergencia en caso de que la inmigración crezca, pero olvidó señalar lo que hará para ejercer, aunque sea mínimamente, los controles que se requieren en cualquier frontera del mundo.
Es de Perogrullo, pero es la verdad: si hay un control riguroso que restrinja la entrada de quienes no llenan los requisitos, los problemas que están llevando a Cúcuta, Villa del Rosario y Tibú, principalmente, a una grave crisis humanitaria, declinarán.
De lo contrario, vamos a la carrera hacia situaciones desconocidas, a una crisis cuya solución va a exigir la intervención de autoridades internacionales.
Desde luego, la parsimonia capitalina ve una situación diferente.
Pero muy distinta sería la actitud de los ministros, por ejemplo, si tuvieran que enfrentar el día a día de los cucuteños con los venezolanos, que en las oficinas públicas exigen a gritos que les atiendan antes que a los demás. Y de esto hay numerosos testimonios de rectores de colegios, atropellados por los extranjeros, que están acostumbrados a que en su país el Estado les dé todo lo que necesitan…
Ojalá los ministros vinieran unos días a vivir en Cúcuta.
