La pregunta la formuló la revista Semana, pero la inquietud es de todos los colombianos: ¿por qué quieren silenciar a los militares que han denunciado delitos dentro de las Fuerzas Armadas y que, por otra parte, hablaron con periodistas del diario The New York Times respecto de las instrucciones ordenando más bajas, para obtener beneficios castrenses.

Las denuncias, en el sentido de que decenas de militares que se han atrevido a denunciar a sus superiores, están siendo amenazados, ellos y sus familias, dudas no dejan, de que el ambiente dentro de las Fuerzas Militares es más parecido al de una prisión que al de hombres y mujeres encargados de la seguridad de Colombia…

Las amenazas obligaron a organismos internacionales como Human Rights Watch a lanzar alertas y pedir explicaciones al Gobierno y a los altos mandos sobre la veracidad de las denuncias, reiteradas y coincidentes, en el sentido de que quien denuncie y sea descubierto es una especie de traidor, un renegado al que le harán la vida imposible. Según versiones de prensa, ya han ocurrido decenas de traslados intempestivos de oficiales de los que sus jefes sospechan están comprometidos en las denuncias y las acusaciones.

Al parecer, dentro de las fuerzas armadas hay un alto nivel de corrupción, en el que algunos relacionan a altos mandos y a algunos mandos medios, que disponen de recursos del Estado para su bien particular.

El caso más grave, sin embargo, tiene que ver con lo que de modo eufemístico se llama falsos positivos, que no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales de civiles a los que hicieron pasar como guerrilleros y milicianos que murieron durante combates que nunca tuvieron lugar.

Estos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) anunció que estudiará un nuevo informe sobre el asesinato sistemático de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales, con casi 300 víctimas, cometidos al parecer por la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008, en la región Caribe.

Según organizaciones de abogados y defensores de derechos humanos, “si bien en casos se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de baja graduación, persiste la impunidad respecto de los reales y máximos responsables, por lo que se solicita a la JEP llamar a responder a los integrantes de la plana mayor”. Para comenzar, piden la comparecencia voluntaria del actual comandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, lo mismo que la del jefe del comando de Transformación del Ejército del Futuro, Adolfo León Hernández Martínez.

La sala de reconocimiento del tribunal de la Jep ya ha recibido las versiones voluntarias de 92 miliares que fueron mencionados en algunos informes, y espera recibir 80 versiones más de carácter oral, y 27 escritas, lo cual incrementa la cifra de soldados, suboficiales y oficiales que corren el riesgo de caer bajo el régimen de amenazas de sus compañeros que quieren silenciarlos.

¿Por qué? Esa es una pregunta que deberá responder la Justicia, cuando se terminen todos los procesos pendientes. Mientras tanto, los militares informantes seguirán bajo el riesgo que implica enfrentarse a personas que viven de usar las armas, así sea en defensa de los intereses del país.