Que en un año, en un país teóricamente desarmado como Colombia, hayan muerto o resultado heridas 101 personas por razón de balas perdidas, es grotesco, por lo menos. A no ser que el desarme no sea cierto.

Lo anterior, para no hacer referencia a los casi 4.000 asesinados en 2018 —78 por ciento a balazos, según algunas estadísticas— ni a los líderes sociales o populares, entre 240 y 260 en el mismo año, casi sin excepción baleados. 

No se puede pensar que en noches de celebración los soldados, los policías y los escoltas, únicas personas que se supone pueden tener armas, se dediquen a disparar al aire para ahuyentar amenazas. Eso no es posible.

Así, quienes disparan son otros, pero, ¿con qué armas, si están prohibidas? El hecho es que a balazos se está matando a muchas personas, y entre ellas, para vergüenza de todos, a niños e inocentes convencidos de que del cielo solo pueden esperar la lluvia y si acaso los rayos. No balas asesinas…

En realidad, perdido está el Estado, y más que el Estado, el Gobierno, que en vez de dedicar toda su maquinaria represiva para encontrar y castigar a quienes tienen armas, y con mayor ahínco a quienes las disparan bajo el único control del alcohol, permite que cualquiera pueda solicitarles a los militares un arma de fuego, y obtener permiso para portarla y, desde luego, sin dudarlo, de dispararla.

En solo 24 horas, tres casos de víctimas de balazos conmovieron a este país inconmovible. ¿Por qué Karen Dayana Duarte tenía que morir baleada sin saber por quién, mientras estaba sentada en un campo de fútbol de Floridablanca, donde la encontró un asesino desconocido que disparó al aire? ¿De quién se puede esperar una respuesta?

¿Y por qué Fabio Legarda tuvo que morir en un cruce de disparos durante un asalto en Envigado, si, se supone, nadie puede estar armado? ¿Quién responde en este caso, ocurrido solo pocas horas antes de la muerte de Duarte?

Y ¿de quién esperar respuesta en el tercer caso, el de Gabriela Bermúdez, la bebé de 11 meses que, mientras dormía en su coche, recibió un balazo en un tiroteo entre pandilleros, que, igualmente, se supone que no deben tener armas?

Ya se sabe que del gobierno no hay por qué esperar explicación o respuesta: su empeño está, precisamente, no en prohibir las armas sino en permitirlas, en un curioso gesto de imitación de lo que sucede en Estados Unidos. 

En Cúcuta, el 24 de diciembre en la noche, una fiesta de estreno de juguetes de niños de Ceiba II, en una de sus aparentemente tranquilas calles, se interrumpió cuando cayó una breve lluvia de balas que convirtió la Nochebuena en algo cercano a un velorio colectivo.

Permitir que las personas anden armadas para defenderse, y buscarlas para pedirles que denuncien, o delaten, delitos o actos que crean delictuosos, es señal de impotencia del Estado, de incapacidad para enfrentar al crimen que, aunque no lo aceptemos, por escrúpulos, está ganando la carrera contra la sociedad.