El cinematográfico atentado en el aeropuerto internacional Camilo Daza, cometido hace un año por una banda paisa contratada por la disidencia del 33 frente de las Farc y cuya investigación policial también tuvo visos de película, tuvo el primer desenlace con la condena de uno de los autores.

Justo doce meses después de que estallaran dos maletas cargadas con explosivos que le quitaron la vida a dos intendentes de la Policía y a uno de los atacantes, la justicia colombiana entrega el primer resultado concreto frente a este hecho.

Por lo menos, las familias de los agentes muertos y la sociedad en general saben que tras las rejas permanecerá hasta el año 2050 uno de los delincuentes que aceptó, mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, haber participado en el atentado del 14 de diciembre del año pasado.

Que la meta hubiera sido la condena y no la prescripción o el vencimiento de términos, es un importante triunfo para este tipo de casos, puesto que se resalta la contundencia de la labor investigativa y de las pruebas recaudadas, así como de la celeridad y eficacia de los administradores de justicia.

Es un primer eslabón dentro de un hecho terrorista que tenía como misión destruir aeronaves que efectúan operaciones antinarcóticos en el Catatumbo, y que se había ‘subcontratado’ para tratar de borrar la huella hacia la disidencia de las Farc como autor intelectual.

Lógicamente que la magnitud de lo que se tramó y el contexto del momento de alta volatilidad en la situación de orden público en Cúcuta, donde meses antes una camioneta-bomba explotó dentro de la Brigada 30 y la disidencia había intentado tumbar a balazos el helicóptero presidencial, exige que haya castigo contra los responsables.

Ahora a la Fiscalía y a los jueces les corresponde continuar en los procesos contra los demás delincuentes que de Medellín llegaron a cometer el atentado y por el cual negociaron una millonaria suma con el grupo armado ilegal.

El entramado para intentar volar  en mil pedazos las naves con las maletas llenas de pentolita, conduce a Venezuela, lugar que a Jhon Mechas, comandante disidente, le sirve de retaguardia segura y en cuyo campamento situado en el vecino país negoció lo que hubiera sido un ataque sin precedentes en la ciudad y la región.

Queda entonces que la justicia le abra la carpeta especial a Jhon Mechas el jefe disidente por este fallido pero mortal atentado contra el aeropuerto de la capital de Norte de Santander, puesto que una de las maletas fue denotada cuando llegaron los dos técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional, y que por el mismo y su perversidad en la actuación se le aplique la máxima condena para este tipo de hechos, en su calidad de autor intelectual y determinador.

Incluso,  la circular roja de la Interpol y el pedido a las autoridades venezolanas para que lo capturen y entreguen a Colombia es un futuro asunto a considerar porque a todas luces se resalta que los suyos no son delitos políticos sino acciones de terrorismo y homicidio.

Entonces, queda evidenciado que una administración de justicia que actúe prontamente y en perfecta coordinación con los cuerpos investigativos especializados es sin duda alguna una garantía para la seguridad y la tranquilidad ciudadana, que en hechos de la magnitud del comentado, constituye la fórmula efectiva para notificar ante la sociedad que el terrorismo no paga.

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