Preocupante la notificación de la Misión de Observación Electoral (MOE) de que si no se toman medidas, las comunidades y muchas organizaciones populares se van a quedar sin quienes los representen, esto en relación con la ola de asesinatos que en Colombia y Norte de Santander sacude a los líderes sociales.
Los crímenes actúan como una carga destructiva sobre el tejido social que es fundamental en territorios como el Catatumbo y los corregimientos cucuteños, y entre las organizaciones juveniles tan golpeadas últimamente, los pueblos indígenas, los campesinos, las víctimas del conflicto, entre otros.
Nada anda bien en ese aspecto, puesto que pese a enfrentarnos hoy a la pandemia, los ataques para eliminar violentamente estos liderazgos siguieron sucediéndose, incluso llegando a superar en seis casos, los hechos ocurridos hasta el 30 de junio.
En el departamento, la escalada de acciones en ese lapso llegó a los 16 hechos de violencia contra líderes en Tibú, Cúcuta, Ocaña, Ábrego, Convención, Chitagá, Puerto Santander y Los Patios.
Ahora que en este tiempo pandémico nos hemos acostumbrado a manejar el término de la letalidad, en el asunto relacionado con las maniobras criminales contra los líderes, la MOE detectó que el 62,5% de los ataques resultaron letales en el departamento, razón por la cual expresó su preocupación debido a que cada día son mayores estos hechos atentatorios contra los liderazgos que trabajan por la transformación de sus comunidades.
Y como se ha venido advirtiendo, la capital nortesantandereana está marcada por ese estigma de violencia sectorizada, como bien lo expusieron 40 dignatarios de juntas de acción comunal en la ciudad, sobre las amenazas en su contra procedentes, en su gran mayoría, de organizaciones de microtraficantes de estupefacientes que manejan ‘ollas’ en los barrios.
Esta situación que sacude también al país, ha hecho que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia advirtiera que los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos han continuado durante la pandemia, “lo que vuelve a poner de manifiesto que es urgente adoptar medidas inmediatas y concretas para hacer frente a este problema”.
La MOE en la investigación encontró que en Colombia el 60% de los atentados contra dirigentes comunales fueron letales, y que el liderazgo político en las regiones registró el 89% de los casos, mientras que las acciones violentas contra las lideresas también mostró un inusitado incremento en esta temporada, en un equivalente al 18,8% frente a lo ocurrido en los mismo meses del año pasado.
Hay una pregunta que siempre queda ahí: ¿qué se pierde cuando asesinan a un líder social? Las respuestas nos llevan a contextos como el de los más crudos momentos del conflicto armado por la presencia guerrillera y paramilitar, donde estos dirigentes de las veredas, corregimientos, barrios y organizaciones de diversa índole fueron asesinados, desaparecidos o desplazados.
Y veamos este dato de la Comisión de la Verdad, en los últimos 30 años en Colombia han sido asesinados 4.750 líderes y lideresas sociales. ¿Cómo es posible que haya muerto un grupo tan grande de líderes sociales?
Pues de ahí la advertencia de la MOE de que a ese ritmo, la tragedia seguirá acabando los liderazgos sociales y comunitarios, algo verdaderamente lamentable para las comunidades locales en el país.
