Tras que estamos como estamos, con una vialidad que a la hora de la verdad se encuentra lejos de ofrecer las mejores conexiones con el resto del país y regionalmente con debilidades de toda índole, el 20 de enero de 2023 quedó marcado como un día en que todo se trancó por motivos que son urgentes solucionar desde la órbita del Gobierno Nacional.
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Por un lado se encuentra el asunto del nuevo puente de El Zulia, que se está volviendo muy largo en el tiempo, puesto que primero habían dicho que estaría listo para agosto de 2022, luego se extendió a diciembre y ahora hasta el 28 febrero, pero su apertura al tráfico vehicular de carga y pasajeros tan solo empezará hasta finales de marzo.
De verdad que la comunidad, los transportadores, los carboneros y otros gremios empresariales, al igual que los demás usuarios de esta vía que va hacia los pueblos de Occidente, al Catatumbo y a la Costa Atlántica merecen cumplimiento.
Es que además se trata de una carretera nacional que cruza por territorios de regiones y municipios nortesantandereanos de gran trascendencia y que siguen sometidos a la tortura de seguir cruzando sobre la debilitada infraestructura del septuagenario puente Mariano Ospina Pérez, mientras queda listo y se habilita su reemplazo.
En cuanto a la terminación de las obras del nuevo paso elevado sobre el río Zulia, hay un fuerte encontrón entre los veedores de la construcción y el Gobierno sobre el avance de los trabajos, puesto que los representantes de la comunidad han expuesto que es “un engaño” que se hable de un 80 por ciento, cuando para ellos apenas están llegando al 60 por ciento.
Y la otra paralización del tráfico vehicular se dio por la zona de Pamplona hacia Bucaramanga y el interior del país, precisamente por un asunto que ha estado en boga, y es el de la delimitación de los páramos.
Norte de Santander en su territorio tiene dos de los más importantes ecosistemas de esta naturaleza, como es el de Santurbán y del Almorzadero, sitios sobre los cuales se tomaron decisiones desde hace 21 años y que hoy motivaron la jornada de protesta que los campesinos anunciaron será indefinida.
Roberto Arango, presidente de la a Federación de Parameros del Nororiente Colombiano alegó que “en la Resolución 769 de 2002, que determinó que los páramos de Colombia iban a ser unas zonas de especial protección, se decidió de manera absurda que los límites de cultivos para el occidente del país quedaban a los 3.300 metros, a los 3.700 para la cordillera central y en el caso de los páramos del Almorzadero y Cocuy la cota bajó a los 2.800 y 2.900 metros”.
En ese mismo sentido, la jornada de manifestaciones que podría reactivarse en cualquier momento, va en contra de las citadas delimitaciones cuyo marco regulatorio se encuentra consignado en Ley 1930 de 2018.
Entonces, el Congreso de la República, el Ministerio de Medio Ambiente, la Presidencia, las organizaciones defensoras de estas fábricas naturales de agua y los campesinos que siempre han estado en los territorios paramunos, deben sentarse para entre todos revisar lo ocurrido en este procedimiento y buscar las mejores alternativas para las partes involucradas, la preservación y conservación de estos ecosistemas montañosos especiales y salvarlos de las grandes explotaciones mineras que podrían poner en riesgo el suministro de agua a miles de hogares.
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