Es curiosa, por lo reiteradamente coincidente, la forma como las autoridades eluden la responsabilidad que les corresponde con el cuidado del medioambiente, al menos en Norte de Santander.
Durante la asamblea corporativa de Corponor, hace dos días, los alcaldes se quejaron lastimeramente de problemas medioambientales en algunos municipios.
Así, la alcaldesa de Bochalema, María Inmaculada Parada, relató con tono dramático que cuando pasa cerca de la vereda Nebraska “suenan las sierras y vemos cómo en la parte de arboledas hay devastación”, y admitió que, informada, la Policía no va al sitio a decomisar la madera cortada ilegalmente.
“Nos preocupa bastante, porque nos estamos quedando sin agua”, dijo la alcaldesa, y recordó que en 2017 se anunció la compra de tres predios destinados a áreas estratégicas, “y unos señores se ilusionaron con que les iba a comprar Corponor, pero llegó diciembre y les dijeron que no, y la gente se puso furiosa con la alcaldesa”.
Su colega de Hacarí, Milcíades Pinzón, se quejó de la minería, concretamente de una de la explotación de barita en la vereda Aposentos, y dijo que pese a la denuncia “nadie nos ha parado bolas”.
Dijo además algo que revela el nivel de ausencia del Estado, pese a que él es el alcalde: fueron tres organizaciones sociales, Cisca, Ascamcat y MCP las que, junto con las juntas comunales, “prohibieron la explotación de la mina”, porque de parte de las autoridades no hubo ni hay apoyo, a pesar de que si hay temporada de lluvias fuerte, “la vereda se derrumba”.
Además, pidió a Corponor apoyo para conocer quién le dio licencia a la mina, que está acabando con la vereda y con el orden público.
Estos dos ejemplos son suficientes para señalar que en lo relacionado con la defensa del medioambiente puede más la elusión de la responsabilidad legal, que la voluntad política de los alcaldes y otros funcionarios para hacer lo que deben hacer.
Porque son precisamente los alcaldes los encargados, por la ley, del ejercicio policivo para que las anomalías en torno del medioambiente se superen, y para que se apliquen las sanciones que corresponden.
Esa falta de no cumplir las obligaciones legales lleva a que se den situaciones como la de Hacarí, donde, según el alcalde, fueron tres organizaciones sociales y las juntas comunales las que prohibieron la explotación de la mina de barita.
Y el Estado, es decir, el alcalde y la Policía, ¿dónde estaban, qué hacían o qué no hacían, para que los particulares tuvieran que suplantarlos a fin de proteger la naturaleza y la seguridad de los habitantes de la vereda Aposentos?
Son ustedes, señores alcaldes, los que no hacen lo que la ley les ordena. Así como es Corponor, la que también falla, al no aplicar los correctivos adecuados a la autoridad municipal que incumple sus obligaciones con el medioambiente que, en el caso de Norte de Santander, parece que son los 40.
Ojalá fuera este el momento para que las cosas cambien en lo relativo con el medioambiente, y para que los alcaldes asuman los compromisos que les impone la ley, para que actúen y dejen de esquivar las responsabilidades correspondientes a sus funciones. Corponor no va a hacer lo que corresponde a la autoridad municipal y, en cambio, sí puede obligarlos a defender el entorno.
