Otra vez Cúcuta, su área metropolitana, la zona de frontera y toda la convulsionada región del Catatumbo están sufriendo los rigores de la guerra que libran los grupos armados ilegales de todas las marcas y colores que se han asentado en nuestras regiones y a los que no ha habido forma de sacar o desterrar, ni a las buenas ni a las malas.
Como siempre, la población civil, nuestros campesinos, mujeres, jóvenes y niños son los que más padecen las consecuencias funestas y horrores indecibles de una confrontación armada que no han buscado, ni les pertenece, ni se merecen tampoco.
No es solo el enfrentamiento a bala entre unos grupos lo que más nos golpea y lacera. También, el desplazamiento de centenares y miles de familias, el despojo de sus pertenencias y predios, su encierro y confinamiento. Los informes que nos llegan de los pueblos y veredas del Catatumbo son aterradores: la gente vive presa del miedo, no se atreve ni siquiera a asomarse a las ventanas y se considera como secuestrada entre las paredes de sus propias viviendas y ranchos.
Los tiroteos y balaceras en sectores de Cúcuta, en La Parada, en Villa del Rosario, en Puerto Santander, en Ocaña, en Los Patios, en Tibú y en otras poblaciones fronterizas son el pan de cada día. Toda nuestra zona de frontera parece tierra de nadie. Con o sin los llamados ‘paros armados’. Los resultados de los planes y operativos de la fuerza pública son precarios y poco efectivos, pues las acciones de los violentos escalan en proporciones alarmantes que sorprenden y asombran a nuestras propias autoridades.
El año pasado, la guerra entre reductos del Eln y del Epl dejó decenas de muertos y miles de desplazados, según organizaciones internacionales. Sobre las investigaciones anunciadas por nuestras autoridades estamos esperando los resultados. Ahora se vuelven a enfrentar otra vez estos grupos y les importa un bledo poner en riesgo a la población civil.
¿Cómo es posible que las autoridades legítimas del Estado no puedan proteger en forma efectiva a los habitantes de un municipio o vereda de los ataques y amenazas de unos pocos criminales?
Los llamados y reclamos de las autoridades seccionales y de los alcaldes municipales pareciera que no tuvieran eco en el Gobierno Central, pues tampoco se ven las acciones capaces de contener o neutralizar el actual estado de cosas.
Reconocemos el trabajo y los esfuerzos de muchos funcionarios y servidores públicos a los que duele la calamitosa situación de nuestra zona de frontera, y se han esmerado en el diseño y aplicación de los correctivos pertinentes.
También somos conscientes de las dificultades y obstáculos que significan la situación de crisis y deterioro en que han estado en los últimos años las relaciones entre Colombia y Venezuela. Nada indica que esa situación va a cambiar y así lo hemos venido advirtiendo.
Lo que toca entonces es imaginarse nuevas estrategias y la acción conjunta de todos los sectores de la comunidad que están hastiados de la guerra y la violencia. Y ojalá que esto fuera pronto. Antes que sea demasiado tarde.
