del presente año.
Como en las peores épocas en que la guerrilla y los paramilitares hacían de las suyas en Tibú y buena parte del Catatumbo, de nuevo el territorio tibuyano se ha llenado de zozobra y muerte, la cual está ensañada contra las mujeres, con una alta cifra homicidios ocurridos este año.
El último caso acaba de suceder con el asesinato de la fiscal Esperanza Navas, a escasos metros de las instalaciones de la Fiscalía donde prestaba sus servicios, hecho que denota el grado de deterioro de la seguridad en aquél territorio.
Tanto la prensa local como nacional incluyendo los noticieros de televisión le han dedicado páginas y numerosos minutos a tratar lo ocurrido, en especial en los últimos meses en que el objetivo central de los asesinos han sido las mujeres.
Pero en contraste con los cubrimientos y despliegues en medios de comunicación a la dramática situación que pone a Tibú como uno de los municipios más peligrosos del país, es poco o nada lo que se accionar de las autoridades policiacas, del Ejército y de la misma Fiscalía se ha visto para tratar de contener el baño de sangre.
Ojalá que ahora, como lamentablemente la víctima en turno de los sicarios fue una funcionaria del organismo acusador, ojalá que se conforme todo un grupo especial de investigación para dar con el paradero de los responsables de ese y otros crímenes.
El pueblo tibuyano no merece una nueva martirización por parte de las organizaciones al margen de la ley que mediante la práctica homicida vuelven a instalar el miedo, el descontrol y un posible desplazamiento.
Lo grave y que también es similar a lo que ocurría en épocas en que guerrilleros y paramilitares eran los que ‘imponían la ley’, pues hoy el silencio es la única respuesta que se tiene en el municipio.
Hablando estadísticamente en lo corrido de este año ya van contabilizadas diez mujeres muertas en circunstancias violentas en ese pequeño municipio de 53.586 habitantes.
Resulta de extrema urgencia que la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Gobernación pongan en primera línea de importancia lo que está ocurriendo allí, porque dejarlo así como un episodio más del posconflicto, lo que puede degenerar es en situaciones inmanejables y de alto riesgo para el mismo tejido social.
Debe evaluarse si esto obedece a una operación sistemática de los 15 grupos ilegales que se encuentran disputando el Catatumbo y que dentro de la que pudiéramos calificar como ‘guerra sucia’ ahora pusieron en la mira a las mujeres para golpear con fuerza desestabilizadora a dicho territorio.
Un prueba que no debe ser echada en saco roto o dejada por ahí como un dato más sin contrastar ni evaluar y analizar tanto criminalmente como socialmente, es que en 2020 los crímenes de mujeres fueron dos y en seis meses de 2021 van 10, luego los sabuesos, analistas y consultores tienen ahí mucho material para cotejar.
Y como si ese ensangrentamiento fuera poco, dos lideresas tibuyanas tuvieron que poner tierra de por medio para no caer muertas, al tiempo que han rodado mensajes amenazantes contra muchas otras mujeres.
¿Se trata de feminicidios? ¿Se trata de un uso de la mujer como trofeo de guerra? ¿Se trata de una peligrosa estigmatización? ¿Se trata de casos aislados? Esas y otras preguntas las autoridades deben proceder a responderlas y a darle una explicación a la sociedad y a tomar las medidas del caso para evitar que esto se salga de control.
