No es fácil de explicar la actitud de silencio del Gobierno central ante todos los clamores cucuteños para que contribuya en la solución de tantas y tan urgentes necesidades de todo tipo como tiene esta capital. Son necesidades que están sobre la mesa desde hace largo tiempo.

Alguna o algunas razones muy poderosas parece tener el alto Gobierno, para comportarse con desdén ante las peticiones coincidentes, tanto del sector público, como del privado, en momentos en que la ciudad está quedando atrás de todas las demás, en materia de bienestar general.

Que se hayan agudizado algunas necesidades por razón de la crisis política y diplomática de la frontera es solo un elemento más para considerar, y que, por toda respuesta, haya un silencio insondable, es algo que va más allá de la costumbre.

En sectores políticos especulan con la posibilidad de que, del presidente Iván Duque para abajo, en el Gobierno central, hayan adoptado una actitud retrechera con la ciudad por razón de factores que, nada más enumerarlos, podría generarles a él y a todos, problemas más allá de lo simplemente político.

Son especulaciones, desde luego, pero las razones para adoptar una postura así, como parece, existen y son innegables, inocultables, si es que en realidad esas son las causas.

Se habla, por ejemplo, de que la imagen negativa de la ciudadanía respecto de la administración local habría penetrado en la presidencia y los ministerios; al parecer, allá, como acá, la corrupción surge como argumento para la mala imagen.

Otras razones tendrían que ver con la falta de idoneidad de los funcionarios locales, que, dicen las especulaciones, no están en capacidad de elaborar buenos proyectos, técnicamente diseñados, en campos diferentes de la educación.

También la ciudadanía aparece como responsable del hipotético desinterés gubernamental para apoyar a Cúcuta, por la ausencia, muy pronunciada y notoria, del sentido de pertenencia a una ciudad a la que llegan muchos pero a la que muy pocos quieren, incluso entre los mismos nativos.

Una sola de esas tres son razones suficientes para desvertebrar cualquier iniciativa que se tenga para ayudarle a cualquier ciudad, pero, si como parece, en el caso de Cúcuta se señalan las tres, pues sobraría cualquier explicación.

Hay hechos muy notorios, como el de que la dirigencia política no se parece en nada a la de otras regiones, como Antioquia, el Valle o la Costa Atlántica, que dejan de lado todas las diferencias ideológicas y partidistas para presionar, dentro de la legalidad y con toda la energía posible, programas y apoyos para sus regiones.

El hecho de que no haya proyectos, salvo cuatro, dicen, sobre educación, es indicativo de que en la administración local tampoco hay el suficiente interés como para que el Gobierno central se sienta motivado a brindar su apoyo.

Hay algo cierto, que debe llevar a todos los cucuteños a reflexionar sobre su cultura actual del todo vale, de considerar que asumir cualquier cargo público es la oportunidad esperada para desviar los recursos del Estado hacia las arcas privadas. Esta cultura está haciendo conocida a Cúcuta en el resto del país como la ciudad donde cualquier ilegalidad es válida. Y mientras esa situación se mantenga, no hay nada qué hacer.